POR ODALIS MEJIA
En  materia ambiental, la prohibición de la extracción de agregados de los ríos fue la  medida más trascendental en el año que culmina, carecrterizado, además,  por conflictos en torno a las áreas protegidas y a la Ley de Medio Ambiente que llevaron hasta la interpelación por el Congreso de dos secretarios de Estado: Max Puig y Félix Jiménez.

La resolución que  prohíbe la extracción fue firmada por el ex secretario de Medio Ambiente Max Puig, el 10 de agosto pasado, para entrar en vigor  90 días más tarde, el 10 de noviembre. Su aplicación le tocó al actual secretario, Omar Ramírez, ya que Puig fue destituido del cargo siete días después de adoptar la medida.

No obstante, tras el paso de la tormenta Noel, las autoridades pospusieron la medida por algunos meses en sitios puntuales para alegadamente abastecer la demanda de agregados para la construcción de obras civiles afectadas por el fenómeno, y para resolver el problema de sedimentación de algunos ríos.

La interpelación de Puig por el Senado se hizo luego que éste acusara al senador por Hato Mayor, Rubén Cruz, de encabezar un plan para modificar las áreas protegidas y beneficiar a particulares.

Aunque Puig depositó algunos documentos como prueba de la acusación, la interpelación terminó en un abrazo.

La otra interpelación en la Cámara de Diputados le tocó al secretario de Turismo, Félix Jiménez, a quien se acusó de violar la Ley de Medio Ambiente por construir un hotel sin el permiso ambiental en Samaná y por usar su cargo público para favorecer proyectos personales.

Aunque Jiménez fue multado por la violación, en la Cámara de Diputados su interpelación terminó en un aparente triunfo.

Jiménez, no conforme con eso, sometió ante la Suprema Corte de Justicia al presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Mario Fernández Saviñón, por supuesta difamación e injuria. Su querella fue desestimada.

Este año, además,  se culminó el catastro de áreas protegidas de acuerdo a la Ley Sectorial 202-04, el cual evidenció los errores e incongruencias de la legislación en cuanto a los límites de las unidades de conservación.

Las propias autoridades reconocieron que tienen serios problemas para la aplicación de la ley debido a las delimitaciones, pues muchas coordenadas en el plano físico no existen y en algunos casos pasan los límites territoriales del país.

El escándalo por el arrendamiento de 35,000 metros cuadrados de Las Dunas de Baní, que es un área protegida,  de parte del ayuntamiento de ese municipio a la empresa Miramar por RD$10,000,000, fue  otro de los hechos ambientales más destacados del año. El contrato luego fue anulado.

CONTAMINACIÓN

La muerte de miles de peces en las costas de  Samaná y Montecristi  y en el río La Pipa, de Guerra, fueron los hechos más destacados.

En los primeros casos se debió al uso de malas prácticas pesqueras, mientras en en el caso de La Pipa se debió al derrame de un detergente desde la fábrica de tejidos  Gildan.

FORESTA

El relanzamiento del Plan Quisqueya Verde para la reforestación de zonas de las cuencas de los ríos y la región fronteriza, además de un incremento de los casos de deforestación y tráfico ilegal de especies de madera, en los que estuvieron ligados militares e instancias del propio Estado, matizaron el área forestal durante el año 2007.

También este año se inició por primera vez en el país el Pago por Servicio Ambiental (PSA). La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pagará US$400,000 al año por la conservación de la cuenca del Yaque del Norte, donde tiene varios proyectos hidroeléctricos.

Otra noticia importante del año  fue la creación del Primer Corredor Ecológico del Caribe entre Cuba, Haití y República Dominicana, que abarca zonas en conservación importantes  en los tres países.

La iniciativa se anunció en la Declaración de Santo Domingo, suscrita luego de que los ministros de Medio Ambiente de esas naciones y representantes de Naciones Unidas se reunieran aquí durante tres días para tratar el tema de la desertificación.