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Buenos Aires (EFE).- Argentina está al borde de un nuevo incumplimiento de sus compromisos de deuda que el Gobierno de Cristina Fernández se niega a catalogar como un cese de pagos, ya que responsabiliza a la Justicia neoyorquina por bloquear fondos destinados a sus acreedores de deuda reestructurada.
Mientras en el mundo financiero se habla del inminente octavo «default» de la historia argentina, el Ejecutivo de Fernández insiste en que técnicamente no hay incumplimiento porque el país pagó en el momento de girar a Estados Unidos, el pasado 26 de junio, el dinero destinado a inversores con bonos derivados de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Y es que a raíz de este juicio, por el que los fondos reclaman a Argentina 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos en mora desde 2001, el juez del caso, Thomas Griesa, bloqueó los fondos destinados a los acreedores de deuda reestructurada con el fin de asegurar el cobro a los querellantes, que ya tienen una sentencia a favor, en firme, por parte de ese magistrado.
En teoría, Argentina tenía un mes de gracia para regularizar su compromiso con los tenedores de bonos antes de ser declarada en «default» técnico, plazo que vence este miércoles, y en este mes Buenos Aires ha solicitado varias veces a Griesa, sin suerte, una medida cautelar para liberar los fondos.
En paralelo, ha advertido que el magistrado deberá afrontar consecuencias legales por retener fondos que son de terceros y no ya de Argentina pues alega que el solo giro del dinero constituye ya un pago, argumento que también ha comunicado a sus acreedores en «avisos legales» para cubrirse ante eventuales juicios.
«Argentina no va a estar en ‘default’ por una razón muy sencilla, esencial, elemental: en ‘default’ entran los que no pagan y Argentina pagó», afirmó el pasado miércoles en un acto Cristina Fernández.
«Van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero, que es de terceros, a esos terceros, que son los tenedores del canje de 2005 y 2010 que entraron de buena fe», insistió.
En uno de sus tantos avisos legales a los tenedores de bonos, Argentina advirtió de que deslindaba toda responsabilidad si los inversores no podían acceder a su dinero por culpa de un fallo judicial que excede al país sudamericano.
Argentina insiste en que siempre manifestó «voluntad de pagos» y la estrategia es que la responsabilidad recaiga sobre el juez.
El pasado sábado, Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia argentina y uno de las «mano derecha» de Cristina Fernández, advirtió de que Griesa va afrontar «alguna consecuencia porque no puede afectar así la propiedad de terceros».
Argentina tiene recursos suficientes para pagar a los litigantes todo lo que reclaman, en efectivo, pero Buenos Aires argumenta que, si lo hace, incumplirá una cláusula legal que le impide dar mejores condiciones de pago a otros acreedores por sobre las que admitieron quienes entraron a los canjes de 2005 y 2010 y convalidaron fuertes quitas sobre el capital y bonos a largo plazo.
Si viola esta salvedad legal, que caduca a finales de este año, Argentina, según alega el Gobierno de Fernández, se expone a demandas por parte de los acreedores de su deuda reestructurada, con costos que Buenos Aires calcula en 120.000 millones de dólares, un peso que el país, con reservas monetarias de 30.000 millones, no podría afrontar.
La última vez que Argentina entró en mora fue en diciembre de 2001, cuando, en medio de una severa crisis económica, social y política, declaró un cese voluntario de pagos por 102.000 millones de dólares, considerado el mayor cese de pagos de la historia moderna.
Con dos operaciones de canje, en 2005 y 2010, el país reestructuró la mayor parte de esa deuda, con una quita del 65% y la adhesión del 93% de sus acreedores.
Pero parte de los bonos que no entraron en el proceso fueron adquiridos en 2008 por fondos de inversión que llevaron a Argentina a los tribunales en un juicio que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza.
