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BUENOS AIRES. AFP. Una serie de crímenes y actos de violencia contra mujeres por razones de género, divulgados a diario, conmueven a Argentina, donde el Congreso debate incluir la figura de «femicidio» en el Código Penal, siguiendo el ejemplo de otros países de América latina.
«Máxima pena para el asesino» y «Paremos los femicidios», arengaban desde pancartas unas 200 mujeres en una manifestación el jueves en la provincia norteña de Jujuy, limítrofe con Bolivia.
Las manifestantes en Jujuy reclamaban que se declare la Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica y justicia por casos impunes, además de «repudiar el intento del Colegio de Abogados (local) de sancionar a la abogada Mariana Vargas, haciendo lugar a la denuncia de dos abusadores sexuales».
La Cámara de Diputados aprobó en abril la reforma que incorpora el «femicidio» y la derivó al Senado, donde aún se la discute en comisión.
La iniciativa coincide con otras similares adoptadas en Nicaragua, Bolivia y Perú en 2011, después de las aprobadas en Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala y México. Otro caso que dejó azorados esta semana a los argentinos fue el de un joven de 23 años que asesinó a cuchilladas a su hijastra de seis años, a la abuela de su expareja y a su excuñada de 15, en una vivienda de Benavídez (periferia norte de Buenos Aires).
Se trata de casos de femicidios vinculados, es decir, de hombres que pretenden destruir a una mujer que consideran de su propiedad, atacando a sus hijos, familiares o nuevas parejas. El miércoles, en tanto, tres mujeres fueron muertas a balazos por sus respectivos maridos o exparejas, dos de ellas en Córdoba (centro) y otra en La Plata (60 km al sur).
Un video difundido recientemente en televisión muestra a un hombre golpeando ferozmente a su exesposa delante de la hija de ambos. «No creo que haya una ola de femicidios en Argentina, pero ahora tienen más visibilidad. Antes los femicidios se veían como hechos aislados», dijo a la AFP Ada Rico, de la Asociación Civil Casa del Encuentro, una ONG que propone «un feminismo popular».
Ante la falta de estadísticas oficiales, esta ONG comenzó en 2008 a realizar informes anuales recopilando los casos publicados en la prensa de todo el país.
En el primer semestre de 2012, se contabilizaron 119 mujeres o niñas víctimas de femicidio o femicidio vinculado y otras 50 mujeres fueron atacadas y no se sabe si sobrevivirán, dijo Rico.
Según la ONG, 53 mujeres fueron incineradas por sus parejas o exparejas desde que en febrero de 2010 murió quemada, tras varios días de agonía, Wanda Taddei, la joven esposa de Eduardo Vázquez, el exbaterista de la banda de rock Callejeros.
La banda Callejeros fue condenada judicialmente en 2011 como uno de los responsables del incendio con saldo de 194 muertos en el local bailable Cromañon. Vázquez fue condenado en julio pasado a 18 años de cárcel.
«Cada tres días, dos mujeres son asesinadas por ser mujeres». El alto impacto de la violencia de género se reflejó esta semana en el encuentro anual de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), en el que unas 200 juezas y agentes judiciales debatieron en Santiago del Estero (norte) sobre la necesidad de capacitarse.
«Cada tres días, dos mujeres son asesinadas por ser mujeres, en la mayoría de los casos por su pareja o expareja.
Vemos la necesidad de capacitar a los magistrados, porque el Poder Judicial es patriarcal, y concientizar a la ciudadanía», dijo la jueza de la Corte Suprema de Entre Ríos (centro-este), Susana Medina, presidenta de AMJA.
Desde su creación en 2009, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó 500 talleres con 12 mil agentes judiciales del país, dijo a la AFP Nidia Marsero, a cargo de la Unidad de Recopilación de Datos del organismo.
«Además de la condena penal, es necesario que aumente la condena social» a los victimarios, advirtió Marsero.
Las Oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica (OVD), que buscan facilitar el acceso a la justicia a las víctimas, fueron puestas en marcha por la Corte, a instancias de Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, las dos primeras mujeres en integrar la Corte, desde 2004.
Ante sus pares, Argibay instó a enseñar «valores antidiscriminatorios» a los niños y niñas a modo de prevención. Highton cuestionó el reclamo de incorporar el femicidio al Código Penal al estimar «conveniente utilizar las figuras de homicidio y homicidio agravado por el vínculo» ya existentes.
Al enumerar las necesidades todos coinciden: estadísticas, más presupuesto, más casas refugio para las víctimas, asignación temporal que les permita sostenerse económicamente y campañas de concientización.
