A FP 
Buenos Aires.- El Gobierno de Cristina Fernández manifestó hoy que Argentina espera que Estados Unidos asuma la responsabilidad por «el comportamiento de su Poder Judicial», en referencia a la denuncia interpuesta ayer ante el tribunal de La Haya por el litigio sobre la deuda soberana.
Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, insistió en que hubo «mala praxis» en el litigio con los fondos especulativos que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina y denunciaron al país para cobrar el monto íntegro.
El jefe de ministros aseguró que Argentina «espera que Estados Unidos asuma la responsabilidad en el comportamiento de su Poder Judicial» y que la decisión de acudir a la CIJ responde a la intención de «generar mecanismos de solución pacífica de una controversia».
Además, Capitanich afirmó que Argentina acude con expectativas «absolutamente negativas» a la reunión convocada hoy por Griesa para tratar de avanzar en las negociaciones con los litigantes, que suponen el 1 % del total de acreedores de deuda.
«Las expectativas son negativas porque el juez Griesa ha demostrado manifiesta parcialidad y claramente responde a los intereses de los fondos buitre», sostuvo Capitanich.
La sentencia mantiene también bloqueados los 539 millones de dólares que Argentina depositó en el Bank of New York Mellon para afrontar el último pago a los tenedores de la deuda que aceptaron, con importantes quitas, los canjes de deuda planteados en 2005 y 2010 (el 92,4 % del total de acreedores).
Dicho pago fue declarado ilegal por el juez hasta que Argentina haga frente a los 1.300 millones de dólares, más intereses, que debe a los demandantes.
El Gobierno de Cristina Fernández sostiene que no puede cumplir el fallo de Griesa porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas de deuda reestructurada, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
Argentina niega que se haya producido un cese de pagos, ya que el Ejecutivo depositó el dinero antes del vencimiento del plazo de gracia (el pasado 30 de julio), y acusa a Griesa de excederse en sus competencias al impedir a los acreedores cobrar lo que es suyo.
