BUENOS AIRES (AFP).- El gobierno de Néstor Kirchner intentaba el viernes poner coto al escándalo del narcotráfico a España que roza a funcionarios, militares y una aerolínea, al afianzarse la sospecha de que Argentina es ruta de la droga hacia Europa y Estados Unidos, como lo señaló el embajador estadounidense en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, calificó como «un verdadero disparate» la posibilidad de que funcionarios del gobierno estén involucrados en el tráfico de cocaína, en tanto las denuncias de la oposición apuntan al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien este viernes volvió a rechazar la posibilidad de su renuncia.

«No pienso para nada en renunciar porque no tengo ninguna vinculación con este hecho de tráfico de droga», dijo Jaime, de cuya secretaría depende el control de la aerolínea privada Southern Winds (SW) por la que se intentó ingresar 60 kilos de cocaína a España en setiembre pasado.

La justicia investiga si la droga había ingresado desde Tacna (sur de Perú) que SW une con la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) con una frecuencia semanal desde 1997, una ruta de excepción que debió ser autorizada por la secretaría de Transportes y por la que ya se detectaron ocho casos de tráfico de drogas.

El opositor partido ARI (socialcristiano) presentó una demanda judicial contra Jaime por su presunta responsabilidad en el caso.

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Lino Gutiérrez, había apoyado en improvisada rueda de prensa la acción del gobierno en materia de combate al narcotráfico, pero remarcó que por Argentina pasa «mucha heroína y cocaína que va a Europa y a Estados Unidos».

«A nadie le conviene que la droga pase por su territorio, porque eso además aumenta el consumo», subrayó Gutiérrez al sugerir que el tránsito de la droga por Argentina «es un problema que hace muchos años existe».

Respecto de los vuelos de SW a Tacna, el inspector de Aduanas de Córdoba, Eduardo Berretta, admitió que se trata de «una ruta de alto riesgo», por lo que en el aeropuerto de la provincia «se controla el ciento por ciento del equipaje».

Esos controles permitieron detectar «entre 50 y 55 kilos de cocaína» en ocho procedimientos realizados en 2003 en un plazo de seis meses, reveló Berretta el jueves en el juicio oral que se le sigue a dos peruanos arrestados con 15 kilos de cocaína cuando descendían de un vuelo de SW.

Barretta precisó a Radio Universidad de Córdoba que en todos los casos se trataba de «personas pobres que oficiaban de »mulas» y de nacionalidad argentina, peruana, chilena y colombiana».

El director de la Aduana, Ricardo Echegaray, admitió este viernes que hubo «fallas» en los controles en el aeropuerto internacional de Ezeiza, por donde se despacharon valijas sin acompañante rumbo a España donde se detectaron los 60 kilos de cocaína.

Echegaray reveló que durante 2004 la Aduana «sólo revisó un vuelo de SW».

El juez Carlos Liporace, que tiene a su cargo la causa por el tráfico a España, reiteró que «cualquier funcionario que haya posibilitado un hecho delictivo, especialmente de contrabando, puede ser citado» a declarar.

Hasta el momento los únicos arrestados por el caso son tres ex empleados de SW bajo el cargo de contrabando de droga, uno de ellos el hijo del desplazado jefe militar del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame.

El gobierno debió disponer el relevo del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, la disolución de la fuerza militar encargada de los controles en las aeroestaciones y su reemplazo por un cuerpo civil, en tanto sancionó a Beltrame con un arresto de diez días.