FINANCIAL TIMES
La batalla de Argentina por lograr que los tenedores de sus bonos acepten la mayor reducción de deuda soberana de la historia del capitalismo, está casi ganada.

Los analistas de Wall Street y, en privado, algunos representantes de los tenedores de bonos, concuerdan en que la mayoría de los acreedores del país aceptarían una propuesta para reestructurar cerca de US$100 millardos de deuda no pagada que ofreció valores de recuperación de poco más de 30 centavos por dólar. Esto estaría ligeramente por encima de los bonos incumplidos en el mercado secundario.

Sería una victoria enorme para Néstor Kirchner, el presidente, y su equipo económico, y les ganaría un lugar en los libros de récord por obtener cerca del doble del alivio de deuda administrado por cualquier país en términos comparables.

El crédito lo tiene Roberto Lavagna, el ministro de Economía. Desde que asumió el cargo, en abril de 2002, lo han considerado un individuo que da la cara y que toma muy poco en cuenta el protocolo o las tradiciones financieras internacionales. Ha llevado un juego fuerte con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al alcanzar dos acuerdos cómodos para Argentina.

Guillermo Nielsen, su secretario de Finanzas, se ha ganando su reputación de hombre con temperamento explosivo entre los tenedores de bonos, financieros y banqueros que tratan con Argentina.

Por tanto, no causa sorpresa que representantes como Hans Humes, co-presidente del Comité Global de Tenedores de Bonos Argentinos, que dice representar a los inversionistas con cerca de US$40 millardos de los títulos no pagados, se queja: “Hay precedentes para cómo manejar reestructuraciones de deuda que datan de más de un siglo. Argentina no está respetando ninguno”, dijo al Financial Times, hace unos meses.

Sin embargo, el trabajo del señor Lavagna no es complacer a los propietarios de los bonos o seguir los precedentes: es reestructurar la deuda al menor costo posible para Argentina. Y si los dueños de los bonos y sus representantes se están quejando, se puede tener por cierto que está realizando bien su trabajo.

El arma más eficaz del señor Lavagna ha sido el tiempo. Al dilatar el proceso de reestructuración durante más de tres años, ha desgastado a muchos de los inversionistas.

Los fondos de inversión se cansan de ver en los informes mensuales bonos argentinos que no pagan intereses. Como administrador de un fondo a largo plazo indexado, usted puede justificar su presencia por algunos meses, o un año, argumentando que está a punto de producirse un trueque de deuda.

Pero el cambio de la deuda de Argentina nunca estuvo al doblar de la esquina. Las reuniones informales de los “grupos consultivos” del gobierno entre funcionarios y representantes de los tenedores de bonos en los cuales el gobierno habló, pero jamás escuchó, ayudó a garantizar un avance mínimo. Y la negativa del señor Lavagna durante meses de mejorar la oferta del gobierno, han mantenido bajo control los precios de los bonos.

Como resultado, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los fondos mutuales, gradualmente han salido del problema al descargarle los títulos a fondos buitres. Pero estos mecanismos también odian las lentas soluciones a la deuda, principalmente porque su costo de capital es demasiado alto. Mientras tanto, estar en “default”, o cesación de pagos, le ha ahorrado al gobierno argentino pagos de intereses entre US$650 millones y US$750 millones mensuales. 

Muchos analistas y tenedores de bonos consideran que el ataque agresivo en el juego de Argentina es pura miopía. Darle a los tenedores de bonos un acuerdo generoso, dice su argumentación, es a favor de los intereses del país, porque mantiene la disposición favorable con y el acceso a los mercados de capital, que le aportarían al país las necesidades de crédito para un crecimiento económico sostenido.

Pero el 80% de la deuda no pagada por Argentina está ahora en manos de dos tipos de inversionistas que no tienen intención en participar en una futura emisión de bonos argentinos: los fondos buitres, que se especializan en la deuda en peligro, y los inversionistas minoristas en Europa y Japón, tan afectados que jamás volverían a tocar un título argentino.

Otra de las críticas al punto de vista de Argentina es que ha creado un problema en forma de litigios de inversionistas irritados, que están decididos a incautar activos argentinos.

Por ejemplo, el mes pasado, EM Corporation, propiedad de la familia Dart, ganó un fallo de una corte de apelaciones contra Argentina por valor de US$740 millones por pagos de bonos argentinos no pagados.

La semana pasada, David Rivkin, el abogado de Dart, dijo a John Dizard, columnista del  FT lo siguiente: “Hay algunos activos que están maduros para aplicar la ley, y estamos trabajando en las vías más eficaces para hacerlo”.

¿Es esto una perspectiva terrible para Argentina? No necesariamente. No está claro cuáles activos podrían confiscar los inversionistas. El gobierno liquidó casi todas las compañías estatales en el proceso de privatización de los años 90. Activos en el extranjero, como los edificios de las embajadas y vehículos, están protegidos. Hasta un intento por confiscar efectivo en una cuenta bancaria en EEUU que pertenezca al gobierno de la privatizada compañía posta de Argentina, expropiada por el Estado el año pasado, fracasó.

Un hecho revela cómo perciben los inversionistas sus opciones de éxito en los tribunales: solo un puñado de ellos ha iniciado procesos legales. La mayoría cree que es una pérdida de tiempo.

Las tácticas de Argentina han mostrado que cuándo los inversionistas compran bonos soberanos están, en efecto, prestando sin garantías, ni seguridad, sin la capacidad de hacer valer su contrato y sin la capacidad de confiscar activos.

Hasta ahora, esto no importaba mucho, porque los inversionistas sabían que los rescates del FMI siempre aportarían el dinero para retribuirle a los tenedores de bonos. La versión de Argentina ha cambiado todo eso, y el mercado está batallando ahora.

Por supuesto, no hay victoria segura. El país está corriendo lo más rápidamente que puede para colocar su oferta en el mercado antes de fin de año. Y la aprobación reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores para el trueque de deuda próximo está en camino, a pesar de las demoras.

Sin embargo, la oferta del gobierno es por un valor solo entre 23 y 25 centavos por dólar. Y es difícil saber si el gobierno está preparado para llegar tan lejos, o para rechazarla.

No cabe duda de que el señor Lavagna detectó esta posibilidad, y parece que quiere aferrarse a ella firmemente, al endulzar la oferta en el último minuto con un pago en efectivo, mientras intenta seducir a los inversionistas con incentivos para los que opten y sanciones para los que se mantengan al margen.

Si el señor Kirchner también la identificó, es más difícil de decir. Sería mejor que los argentinos empezaran a rezar.

TRADUCCION: IVAN PEREZ CARRION