Buenos Aires. Argentina afronta una semana crucial para definir si puede alejar el fantasma de la suspensión de pagos y avanzar en la negociación con los fondos especulativos que entablaron un litigio contra el país en EEUU, en reclamo del pago de US 1,330 millones.

El equipo económico de la presidenta, Cristina Fernández, estudia distintas alternativas para cumplir con el cien por cien de los acreedores y además cancelar el total de la deuda que reclaman judicialmente aquellos que no se avinieron a los canjes de deuda planteados en 2005 y 2010, los denominados “fondos buitre».

Según publican medios locales, el Gobierno argentino contemplaría poder realizar a estos últimos un pago inicial, a cuenta del total, de entre 300 y 400 millones de dólares, para mostrar la voluntad de cumplimiento, y luego negociar el resto con emisiones de bonos de vencimientos escalonados en años.

La cantidad inicial sería la misma que se les paga con una quita del 65 % a los acreedores que sí entraron en la reestructuración de la deuda, para de esa manera evitar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que da a esos bonistas el derecho a beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje que vence en diciembre de 2014.

Por eso el Gobierno argentino tratará esta semana de alargar la negociación con los fondos especulativos y con el juez neoyorquino Thomas Griesa, que falló a favor de ellos, y que exige que Argentina cumpla con la totalidad de los pagos que se le reclaman.

En su estrategia de forzar una negociación, el Gobierno argentino utilizó el sábado un espacio pagado en el diario The Wall Street Journal para explicar, bajo el título “Argentina quiere se guir pagando sus deudas pero no la dejan”, la postura de las autoridades argentinas respecto a la sentencia del juez Griesa. Un día antes, Fernández aseguró en su discurso que Argentina no aceptaría extorsiones.