BUENOS AIRES. La ley argentina que busca eludir el bloqueo para que bonistas cobren vencimientos de deuda dispuesto por un juez neoyorquino presenta dificultades para aplicarse y podría empeorar la economía del país.

El Congreso argentino aprobó la víspera un cambio de agente de pago voluntario de los bonos reestructurados y autorizó la emisión de nuevos títulos bajo jurisdicción argentina y francesa. La normativa fue sancionada gracias al peso del oficialismo y resistida por la mayoría de los opositores.

“Esta ley tendrá muchas dificultades para aplicarse de forma efectiva; dependerá de la actitud de los bonistas, que tendrían que aceptar cambiar la jurisdicción de Estados Unidos a Argentina o Francia”, dijo a The Associated Press Matías Carugati, de la consultora Management & Fit.

Con la ley el gobierno pretende sortear el bloqueo que a fines de junio aplicó el juez estadounidense Thomas Griesa al pago de vencimientos de títulos por unos 540 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al entender que los fondos que ganaron un juicio contra Argentina en Nueva York deben cobrar antes y al contado al menos 1.500 millones de dólares por bonos en cese de pagos desde 2001.

La imposibilidad de cobrar esos vencimientos hizo que calificadoras de riesgo declarasen a Argentina en default el 30 de julio.   Dante Sica, director de la consultora abeceb.com, dijo a AP que es “difícil que los bonistas acepten el cambio del lugar de pago” y que “Argentina pueda evitar caer en default el 30 septiembre” cuando debe abonar unos 200 millones de dólares en nuevos vencimientos de deuda.

La ley a su vez revocó el mandato del Bank of New York Mellon (BoNY) como agente de pago y lo reemplazó por Nación Fideicomisos SA.    Pero podría ocurrir -advirtió- que Argentina asegure que pagó y los bonistas que no quieren el cambio digan “que ellos no recibieron el dinero”. Por otro lado, agregó, la ley no soluciona el conflicto con los fondos litigantes a los que el gobierno denomina “buitres”.

 Por el contrario, la economista Fernanda Vallejos destacó que “Argentina hasta aquí siempre ha manifestado su vocación de regularizar su situación con el 100 por ciento de los acreedores y eso se hace efectivo en esta norma ya que también contempla al 7 por ciento que quedó fuera de los canjes”.

La ley prevé la creación de una cuenta especial en el Banco Central a nombre de los tenedores de bonos que no adhirieron a los canjes, aunque se les ofrece títulos por el mismo valor y condiciones que a los acreedores reestructurados. Los fondos de inversión que demandaron al país en Nueva York ya rechazaron esa oferta.

Economistas también advirtieron que Nación Fideicomisos no reúne los requisitos para ser agente de pago, como tener una sucursal habilitada en Nueva York.

El gobierno anunció que depositará allí el dinero “hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores”. La ley reconoció asimismo el derecho de los tenedores de bonos a designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobro.    Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, cuestionó que la norma “no aclare cómo sería operativamente el pago de los bonos bajo las jurisdicciones argentina o francesa” y consideró que “no favorece la imagen de Argentina y podría profundizar la recesión económica”.

 Según consultoras privadas Argentina registra una inflación de 40% anual y la recesión en los últimos trimestres ha llevado a suspensiones y despidos en el sector industrial.

“Argentina cuenta con los recursos, tiene una previsión para eso. Tiene una situación de solvencia” para afrontar sus compromisos de deuda, insistió Vallejos, docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo.

Carugati alertó además que hay fondos que “no pueden tener títulos pagaderos en Argentina por cuestiones estatutarias y sólo aceptan jurisdicciones seguras”. En su opinión, el gobierno ofrece Francia porque está considerado “un lugar de pago seguro fuera del alcance del juez” Griesa.

Francia cuenta con una legislación considerada favorable para las reestructuraciones de deuda y poco permeable para el accionar de fondos los especulativos.

El exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen señaló, en tanto, que por la ley “se pueden disparar juicios cruzados” porque el BoNY podría negarse a pasarle las cuentas y detalle de los bonistas a Nación Fideicomisos o consultar a Griesa cómo proceder.

El exministro de Economía Roberto Lavagna fue más benévolo al señalar que el texto legislativo “no es lo mejor, pero sí hay que decir que es bueno que el Poder Ejecutivo haya decidido ocuparse de lo principal, que es el 93% de los acreedores que ingresaron al canje que están en condición totalmente normal y no haber caído en el error… de atender al 1% que ha conseguido esta sentencia en Estados Unidos”.

Argentina sostiene que no puede cumplir la orden del juez Griesa porque ello infringe los contratos con los bonistas que aceptaron los canjes y provocaría millonarios reclamos. Este impedimento legal caduca el 31 de diciembre, lo cual habilitaría al gobierno de Fernández a negociar con los inversores litigantes. No obstante, no está claro qué estrategia adoptará el país sudamericano.