POR ROSA ALCANTARA
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, dijo ayer que le sorprendieron de manera desagradable las declaraciones del fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, quien advirtió que podría usar la fuerza pública para inspeccionar las oficialías del Estado Civil.

Arias expresó que esas declaraciones no les convienen al fiscal del Distrito Nacional, a la JCE, al gobierno ni al país.

Consideró una lástima que el fiscal Hernández Peguero haga sus pronunciamientos en momentos en que el presidente de la República, Leonel Fernández y él como presidente de la JCE se encuentran fuera del país.

El presidente de la JCE, que se encuentra en los Estados Unidos, se expresó en esos terminos al ser consultado por esta redactora, vía telefónica, sobre las declaraciones del fiscal del Distrito Nacional, quien afirmó que para intervenit y supervisar las oficialías del Estado Civil no tiene que pedirle permiso a nadie y advirtió que cuando se le termine la paciencia podría recurrir a la fuerza pública para realizar una inspección.

Hernández Peguero también dijo que la JCE pasaría mucha vergüenza por las «muchas cosas» que encontraría la Fiscalía en las oficialías de Estado Civil y señaló que no descarta que los jueces electorales tengan temor de que la investigación destape el lío que existe a lo interno.

El presidente de la JCE consideró que cualquier respuesta a esas declaraciones debe producirse en el marco institucional y no personal.

A propósito de esa posición, el juez de la JCE Roberto Rosario informó que en esta semana la Junta dará una respuesta institucional al fiscal Hernández Peguero.

El presidente de la JCE, quien se encuentra en Washington, dijo esperar que las dificultades que han surgido entre el fiscal y la Junta se puedan dilucidar en otros niveles, por considerar que el país quiere que haya un ambiente de armonía, no chismes ni confrontaciones.

Recordó que la JCE recientemente publicó un documento a través de los medios de comunicación en el que le responde al fiscal del Distrito Nacional sobre anteriores declaraciones.

El 22 de septiembre de este año, Hernández Peguero acusó a la JCE de estar dificultando el trabajo de los fiscales adjuntos encargados de la prevención del crimen, debido a que impide que sean revisados los libros de registro para conocer las declaraciones de las actas de nacimiento de presuntos delincuentes.

En esa ocasión, el fiscal del Distrito Nacional dijo tener informaciones de que fue el presidente de la JCE quien instruyó a los oficiales del Estado Civil para que impidieran la entrada de los fiscales. La JCE y la fiscalía del Distrito Nacional están enfrentadas luego de ser descubierta una red que se dedicaba a facilitar a falsos regidores y familiares de éstos pasaportes oficiales para viajes ilegales.

La JCE había respondido el pasado 4 de octubre al fiscal del Distrito Nacional a través de un documento público en el que rechazaba que el tribunal de elecciones impida que los fiscales supervisen las oficialías del Estado Civil. Advierte sobre las atribuciones de la JCE, en el sentido de que esa institución constituye una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueron útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la constitución, las leyes y sus reglamentos determinen y con autonomía económica y presupuestaria».

Asimismo, el documento de la JCE precisa que el tribunal ha promovido y promueve la participación e intervención con fines investigativos de los magistrados procuradores fiscales correspondientes en las oficialías del Estado Civil en que se detecten actuaciones irregulares e indebidas, a los fines de que los autores de las mismas reciban la sanción correspondiente. «La JCE siempre ha sancionado disciplinariamente a los infractores de la ley y en los casos pertinentes los ha sometido a la acción de la justicia».

Advierte que la junta no puede permitir la violación de su fuero y autonomía institucional, ni que de manera caprichosa las Oficialías del Estado Civil se vean entorpecidas en sus labores cotidianas por actuaciones no coordinadas con esa institución.

Ayer, el presidente de la JCE consideró que la Junta no puede seguir con el debate público con el fiscal del Distrito Nacional y dijo que entre el Ministerio Público y el tribunal electoral hay una relación fluida.

Arias entiende que en el país hay muchas cosas que discutir y reiteró que la Junta cumple con su gran responsabilidad en materia de registro del Estado Civil de encarar los problemas e irregularidades que existen.

Dijo que la JCE ejecuta el plan de automatización de esos organismos así como trabaja en materia electoral. El presidente de la Junta pidió a algunos funcionarios y medios de comunicación a no provocar al tribunal electoral.

Reiteró el compromiso que tiene la JCE de organizar unas elecciones libre y transparente.

Sostuvo que la Junta demostró capacidad en la organización y celebración de las elecciones del 2004. Arias dijo que la JCE no va a reaccionar a provocaciones, por considerar que la verdad siempre aflora.