El exconsejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera, bajo arresto domiciliario por supuesta prevaricación durante el ejercicio de sus funciones, se querelló ayer contra el exprocurador general Francisco Domínguez Brito y la destituida jueza Awilda Reyes Beltré, por violación de los artículo 151 y 150 del Código Penal.
Acusa a Domínguez Brito de hacer uso de documento falso para, en su condición de Procurador General, usurpar las funciones del titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y perseguirlo a él “de forma abusiva y arbitraria”
Dijo que ese documento es el recibo de la supuesta devolución de RD$250,000, en el que aseguró, Reyes Beltré le falsificó su firma, en fecha 2 de noviembre del 2015.
En su querella penal con constitución en parte civil, Arias Valera incluye además al Estado dominicano, como persona responsable del exprocurador y hoy ministro de Medio Ambiente.
La querella fue depositada por ante la Secretaría General de la Procuraduría por sus abogados constituidos José Dolores Lerebour y Fabián Mena González.
Solicita al procurador general, Jean Rodríguez, aceptar y acoger la constitución en Actoría Civil como tercero civilmente demandado, en virtud de los artículos 126 del Código Procesal Penal (CPP); 1382 y 1384, párrafo 3ro, del Código Civil, al Estado Dominicano.
Le solicita además que después de concluida su investigación, proceda a presentar acto conclusivo en virtud del artículo 293 número Iro. del Código Procesal Penal, solicitando apertura a juicio contra Domínguez Brito y Reyes Beltré; que les imponga medidas de coerción en virtud del artículo 226, numeral 7, y se les notifiquen todas las decisiones adoptadas.
Domínguez Brito sometió a la justicia a Arias Valera y a Reyes Beltré, acusándoles de integrar una trama que a lo interno del Poder Judicial negociaba sentencias, especialmente con personas vinculadas al crimen organizado.
Pide inhibición de jueza. Arias Valera también remitió una carta a la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que se inhiba en su proceso debido a conflictos previos entre ellos.