El economista Arismendi Díaz Santana ha salido públicamente a impugnar el libro “Del Negocio Seguro a la Seguridad Social”, publicado en conjunto por trece entidades del mayor prestigio y relevancia social.

Pero curiosamente no refuta los datos ni los análisis, ni el marco teórico-conceptual ni las conclusiones y recomendaciones, sino que discute sobre lo que no está escrito en el libro. Y no conforme con esto, insinúa que estamos “defendiendo” a las clínicas y prestadores privados de servicios de salud.

Raro, pues nosotros no hemos sido parte de este modelo perverso; no nos declaramos sus “padres” ni sus guardianes. No nos pagan ni pedimos consultorías en la banca internacional, los grupos financieros, las empresas, las clínicas ni las agencias que lo sostienen.

El objetivo real de su columna queda al desnudo. De 699 palabras, dedica 313 a poner en entredicho nuestras intenciones y las otras 386 a defender a las ARS como “necesarios administradores del riesgo”, retratándolos como santos protectores a quienes casi deberíamos hacer un monumento.

Nosotros no sólo mostramos que las ARS han consumido más de 50 mil millones de pesos en ganancias y gastos ajenos a la salud, y que eso se hace negando y limitando coberturas, sino que el modelo de aseguramiento cuya paternidad Arismendi enarbola, desguañanga los derechos fundamentales convirtiéndolos en “planes” y “catálogos de prestaciones”.

Asimismo damos números del circuito de la mercantilización: sólo en 2018, del Régimen Contributivo se destinaron a prestadores privados $39,975.3 millones (93.4%) y apenas $2,829.2 millones (6.6%) a prestadores públicos, mientras que del Régimen Subsidiado se destinaron $4,396.5 millones (48.9%) a los prestadores privados y $4,588.7 millones (51.1%) a los públicos.

El aseguramiento (ARS incluidas), al igual que en Estados Unidos, Chile o Colombia, ha sido una maquinaria de ganancia parasitaria, segmentar coberturas y transferir dinero a prestadores privados, inclusive cuando se financia con impuestos generales.

Cónsono con esto, bajo el esquema de “financiamiento a la demanda”, se ha destruido y desfinanciado los servicios públicos; los ciudadanos son convertidos en clientes; no hay inversión en salud integral sino una industria de la enfermedad; se retira el Estado como garante de derechos para que subsidie salud pobre para pobres; se dividen y fragmentan los roles; se “gerencia” bajo la lógica de rentabilidad y se deja la gente a su suerte, agarrándose de salvavidas. Por algo en 2017 los planes de riesgo de salud incluyendo los complementarios superaron los $75,000 millones y el gasto directo de hogares bordeó los $100,000 millones. ¿Y así se lamenta Arismendi de que los empresarios de la salud ganen fortunas?

Nuestro crítico hace acrobacias: se indigna por la privatización de los servicios y los beneficios, como si fueran ajenos a este modelo, pero en cada comparecencia donde se queja por lo mal que están “los afiliados” hace dos cosas: 1) irse por las ramas con denuncias fuertes pero que tocan problemas parciales, evitando la crítica de fondo y sistémica a este modelo fallido, y 2) despotricar contra lo público, que según él en República Dominicana está condenado a ser “corrupto” e “ineficiente”.

Arismendi bateó de foul. Ya en el Congreso Nacional le dijeron que no podía ser un día el padre orgulloso de la criatura y defenderla, y al otro día maltratarla. Eso se llama estar con tirios y troyanos. Si quiere discutir el libro, que debata su contenido y no especule. Y si le preocupa lo que están ganando los prestadores privados de servicios de salud, cuente con nuestro apoyo.

Eso sí, que no actúe como policía de las ARS ni de las AFP, y se sume a la propuesta que no es solo de un libro, sino una voz colectiva que va creciendo y de seguro preocupa a los patrones del modelo: Ya que estamos gastando más del 6% del PIB en salud con el sudor de este pueblo, “que las clínicas privadas sean una opción, no una necesidad; que las ARS sean entidades aseguradoras complementarias, optativas y voluntarias, no una obligación legal; y que los impuestos obligatorios financien un sistema público, universal, gratuito, digno y de calidad.”