EE.UU. (EFE).- La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, anuncio hoy que solicitará al Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchar su apelación a favor de la completa implementación de la ley estatal SB1070, la primera en el país en criminalizar a los inmigrantes indocumentados.  

La polémica legislación entró en vigor en julio de 2010 sin algunas de sus secciones más controvertidas, como la que obliga a las agencias del orden locales a verificar el estatus migratorio de las personas “sospechosas” de ser indocumentadas.  

“Siempre supimos que esta sería una lucha legal muy larga”, dijo hoy Brewer, al reconocer que también será una batalla costosa, durante una conferencia de prensa en Phoenix, capital del estado de Arizona, ubicado en el suroeste del país y fronterizo con México.  

A principios de abril, la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve rechazó una petición del estado de Arizona para permitir que la SB1070 entrara en vigor en su totalidad.   El tribunal de apelaciones dictaminó que la juez Susan Bolton de la Corte Federal en Phoenix no abusó de su autoridad al bloquear algunas de las provisiones más controvertidas de la ley estatal, como la que obligaba a los policías a verificar el estatus migratorio de las personas que “sospechen” se encuentran de manera ilegal en el país.  

Con el fallo de Bolton también quedó en suspenso la aplicación de otra sección que obligaba a los inmigrantes a llevar siempre la documentación que demuestre que se encuentran de manera legal en el país y la que convertía en delito el que los indocumentados pidieran empleo en lugares públicos.  

“Estoy convencida que al final el estado de Arizona prevalecerá”, enfatizó Brewer y añadió que su estado sigue luchando contra los delitos relacionados con la violencia generada por los carteles de la droga que afecta a las comunidades fronterizas.  

“Esto es más grande que la seguridad en la frontera, se trata de de proteger el derecho que tienen los estados de velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”, dijo la gobernadora.  

Esta opinión fue compartida por el fiscal general del estado, Tom Horne, quien aseguró que la situación en la frontera es “urgente» por lo que Arizona necesita resolverla cuanto antes.  

Arizona tiene hasta el 11 de julio para presentar su petición oficial ante el máximo tribunal y se prevé que a finales de septiembre o principios de octubre la Suprema Corte decidirá si escucha el caso.  

Se calcula que en Arizona residen 460.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. EFE