Armamentismo y violencia

Armamentismo y violencia

El país tiene un problema complejo con  implicaciones morales para el propio Estado. Tiene demasiado gente violenta y eso explica la  enorme  proliferación de armas de fuego. Salvo en el excepcional caso del tiro deportivo, cada individuo que adquiere o fabrica un arma de fuego, llámese “chilena” o de cualquier marca comercial, lleva intrínseca  una inclinación por la violencia, defensiva u ofensiva, pero violencia al fin. El asunto es tan serio  que el estudio “El armamentismo y sus efectos en la violencia en República Dominicana” determinó que en seis de cada diez muertes violentas está de por medio un arma de fuego, instrumento que ya desplaza a los accidentes de tránsito como principal causa de pérdida de vida.

Y una arista moral del problema compromete seriamente al Estado, que no ha sido capaz de recoger las armas tenidas ilegalmente, pero que obtiene importantes ingresos fiscales de las empresas de  comercio lícito de armas y por la expedición de las diferentes modalidades de permiso.  El Estado está en el deber de cortarle las alas a la violencia y para ello debe reunir la suficiente voluntad política para retirar de las manos de la gente todos los instrumentos de muerte, legales e ilegales. Para eso es necesario un sacrificio fiscal con todas sus consecuencias implícitas. El problema es grave y se agranda cada vez más, y el Estado, hasta ahora, solo ha demostrado impotencia para darle la cara.

ACTO DEPLORABLE

La muerte de un limpiavidrios  a manos de un conductor que le disparó a la cabeza, es un suceso deplorable que no debió ocurrir jamás, pero que muchos temían que ocurriría en algún momento y lugar. Tal vez ahora las autoridades le pongan caso al problema que se deriva de las actividades de pedigüeños y limpiadores de parabrisas en las intersecciones con semáforos. El homicida debe ser puesto en manos de la justicia, para que pague por su agresividad.

EXCLUSIÓN

El Índice de Calidad de Vida, elaborado por el Sistema Único de Beneficios (Siuben) afirma que 40.8% de las familias dominicanas carece de servicios sanitarios o se vale de letrinas para disponer de sus excretas. La bonanza de la economía, cuyo PIB ha crecido sostenidamente por mucho tiempo, alimenta estas cifras tan pronunciadas de exclusión. La deuda social crece en paralelo.

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