Con rasgos de epidemia, el crimen por encargo con recurso de bandas y accionar de desparpajo acapara la atención en el presente. Maquinarias de muerte que se aprovechan de la debilidad de persecución que muestran la ley y sus auxiliares. ¿Qué ocurriría en corto tiempo gracias a las inmancables garantías a los derechos de los presuntos culpables? Que estos grupos de asesinos a sueldo logren la más absoluta impunidad y que cunda en la ciudadanía la peor de las percepciones de que la vida ha llegado a una insólita depreciación en nuestro medio. La sociedad debe ser armada prontamente con recursos procedimentales contra la actuación expansiva de los gatilleros a los que no conviene matar tan aprisa como ocurrió en estos días, para beneficio de los autores intelectuales que entonces quedan ocultos.

El país necesita de disposiciones, siquiera transitorias, que endurezcan y confieran ventaja al Ministerio Público y a la Policía científica (de la que tanto se habla y de la que a veces se duda) para detener y retener a matones contra los cuales aparezcan indicios que permitan razonablemente insistir en investigarlos para fines de sometimiento. Debe actuarse a partir de perfiles y antecedentes. La Policía misma ha atribuido enormes prontuarios a algunos acusados de sicariato. ¿Por qué siempre salen libres? Contra esta creciente y pavorosa modalidad de matar por designios de terceros, el país debe fortalecerse.

Unos derechos ¿sin deberes?

Resultan preocupantes los signos de negligencia en la prevención de incendios y accidentes laborales a lo largo y ancho del país. Pocas empresas cumplen la ley que les obliga a certificar la vigencia de programas de seguridad que protejan a sus asalariados y a las instalaciones industriales y de servicio. Si las autoridades cumplieran su insoslayable obligación de sancionar a patronos transgresores, habría un estremecimiento en este medio y se descubriría que muchos quejosos del sector privado están por la libre y que solo se acuerdan de reclamar derechos.

La falta de entrenamiento al personal laboral, los sistemas eléctricos defectuosos, el no uso de equipos de protección y el almacenamiento inadecuado de combustibles son más comunes de lo que se supone. El empleo de maquinarias sin sujeción a las directrices de fabricantes y especialistas en seguridad es un enemigo de vidas y bienes.