La denuncia responsable hecha por Henry Merán, joven diputado de la provincia de San Juan, poniendo en evidencia la triste realidad de que legisladores dominicanos suelen asistir al Congreso de la República portando armas de fuego, es realmente preocupante, ya que es ese el escenario de los grandes debates políticos de la nación y en ocasiones estos se desarrollan en medio de acaloradas discusiones en las que por lo general se desbordan las pasiones.

A la opacidad de la actual dirección de la Cámara de Diputados se le agrega el hecho de que algunos de sus honorables miembros acuden armados a las sesiones. Esto debe ser corregido y aplicar las sanciones que el reglamento interior de ese organismo establece para tales transgresiones.

Sin embargo, esta falta de control de las armas de fuego no es exclusiva de la cámara baja, pues resulta muy común encontrarnos con personas armadas hasta los dientes en lugares públicos a los cuales acuden muchas personas, de hecho puedo asegurar que a usted nunca le han preguntado si porta arma de fuego al momento de entrar a un supermercado, a una plaza comercial, a una tienda grande o pequeña, a un restaurante, a una farmacia, a un medio de transporte colectivo, a ciertos bancos, a la iglesia, etc. Esta revelación del diputado Merán debe abrir un debate nacional que defina de una vez y por todas las verdaderas políticas públicas sobre el porte y tenencia de armas de fuego, con el firme propósito de reducir los daños causados por estos instrumentos bélicos a la familia dominicana.

En medio de la ola de violencia global, de la que no escapa nuestra sociedad, tomar medidas tan sencillas como el disponer de espacios seguros en las entradas de establecimientos frecuentados por muchas personas, con el propósito de que las armas de fuego sean depositadas allí y retirarlas a la salida, tendría resultados positivos no solo para ese lugar en específico, sino que debido a la molestia que esto implicaría, muchas personas optarán por dejar sus armas en casa.