El uso de armas de fuego para dirimir conflictos continúa creciendo en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, donde el narcotráfico provee armamento varias veces superior al de las fuerzas de seguridad, afirmó Mayda de León Wantland, gutemalteca experta  en el tema.

Contrario a lo que muchos piensan, no es en los sectores pobres donde  la violencia armada es mayor, sino en las grandes ciudades, en los sectores donde no hay organizaciones ciudadanas, en los que se  carece de una cultura de paz para dirimir los conflictos, asegura la experta.

De León Wantland, quien visitó el país para participar en el taller “Proyecto de Ley sobre Armas de Fuego: Análisis y Reflexión”, organizado por Funglode, la Cámara de Diputados y el PNUD, dijo que en todo el mundo mueren cada año 700,000 personas por disparos de armas de fuego sin estar en conflictos armados.

De León agregó que de esas 700,000 muertes, el 60 por ciento corresponde a civiles. “Hay un estrecho vínculo entre armas de fuego y violencia. Si no existiera un arma de fuego en poder de cualquier persona que va a cometer un acto violento, posiblemente ese acto violento no termina en tragedia ni en dolor; pero un arma de fuego exacerba la violencia”, expresó la coordinadora del programa sobre Control de Armas del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), con sede en Guatemala.

Para de De León es evidente que toda persona que decide armarse lo hace porque forma parte de una cultura violenta o por la inseguridad y la desconfianza en la capacidad del Estado para garantizarle su vida y sus intereses lo lleva a proveerse esa seguridad por sus propios medios.

El narco.  Un lugar importante para incrementar el uso de armas y dirimir los conflictos por la violencia lo ocupa el narcotráfico ya que, a juicio de De León, “trae de la mano armas de fuego muy poderosas que la población civil no tiene a la mano, que las fuerzas de seguridad no tienen y que es un elemento que debe analizarse y regularse de la misma forma que las armas de fuego. Las armas vienen, el narco trae armas y las armas traen narco”.

De León Wantland sostiene que los índices de violencia de todo el mundo van en aument, y Latinoamérica “ocupa el 42% de tasas de homicidios por arma de fuego”,  lo que, en su opinión, determina que Latinoamérica es “una región bastante, bastante violenta, en donde las armas de fuego, al final, lo que han hecho es exacerbar esa conducta violenta”.

Dos elementos están faltando en Latinoamérica para enfrentar el auge de la violencia y la proliferación de armas, a juicio de esta abogada guatemalteca experta en Derechos Humanos: un mayor fortalecimiento institucional del Estado que garantice el ejercicio de los derechos de las personas, y el predominio de una cultura de diálogo, de paz, para dirimir los conflictos.

“Todos los Estados deberían llevar a cabo esfuerzos muy grandes de fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad, por un lado  y, por el otro lado, existe todo una parte, que es la parte preventiva, en la cual no solamente se va a tratar de incorporar una cultura de paz o enseñar una cultura de paz a la población”, dijo De Léon Wantland, quien estima que con ello se podría prevenir la delincuencia y además establecer la premisa de que con un arma de fuego no se debe dirimir un conflicto personal o de grupo.

De León Wantland expresó que un fortalecimiento institucional implica impactar directamente “a las fuerzas de seguridad y a los ministerios y entidades estatales que velan por la prevención de la violencia”.

Consideró que en el esfuerzo por superar la violencia “hay que desarmar no solamente con los instrumentos letales que son las armas, sino que hay que ir desarmando la violencia, hay que ir construyendo la paz y esto es algo en lo que nuestros Estados, nuestros gobiernos, no han invertido mucho últimamente”, puntualizó De León Wantland.

Advirtió a quienes consideran que la violencia es consustancial a la pobreza, porque en el caso de Guatemala, un país sacudido durante años por la criminalidad de bandas juveniles, “nosotros descubrimos que precisamente las zonas más pobres, de pobreza extrema, no son violentas”.

Agregó que “las más violentas eran las zonas urbanas, la ciudad capital”, sobre todo “donde había una urbanización desorganizada, y donde no hay un movimiento ciudadano en que se pueda juntar en coordinaciones de vecinos, o en coordinaciones de juntas locales”.

La experta señala que “otros puntos muy conflictivos son  las zonas fronterizas porque por allí pasa cualquier comercio ilegal”. También por la ausencia del Estado en toda la zona fronteriza. “Cuando hablo de la ausencia del Estado no hablo de que si hay Aduanas, que si hay Policía o que si hay fuerza militar, estamos hablando de que haya una presencia del Estado a través de los servicios de salud, de educación, de servicios mínimos que la población requiere”.

“En el caso de Guatemala”, puntualiza De León Wantland, “puedo decir que pobreza y violencia no van de la mano”.

El narcotráfico agudiza la problemática

De León Wantland considera que resulta explicable el interés de determinadas personas por procurarse un arma para proteger su vida o sus intereses si el Estado no logra contener la delincuencia, al narcotráfico y a la proliferación de armas ilegales, pero advierte que ello no es una garantía de seguridad.

“Hay estudios que dicen que una persona que está armada tiene peligro 4 veces más de que sea atacada con la misma arma o que muera producto de un balazo… porque normalmente los delincuentes tienen incursiones exitosas, podríamos decir porque tienen de su lado el factor sorpresa”, advierte la experta, quien agrega que “en Guatemala tenemos que son cinco armas las que se roban mínimo a diario”.

Aclaró que esas son armas legales, con registro, pues las que son robadas a personas que las usan sin registro son mayores pero no las pueden denunciar porque tener un arma sin licencia constituye un hecho punible y en esas condiciones “usted no va a denunciar que se le perdió un arma que adquirido en el mercado ilegal”.

La coordinadora del programa sobre Control de Armas del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible señala que es una responsabilidad de los Estados crear condiciones seguras para que la población no necesite andar armada, a la vez que adopta medidas eficaces para registrar que quienes finalmente deciden andar armados por motivos especiales mantengan control de esos instrumentos de muerte y que no caigan en manos de delincuentes.