ROSARIO ESPINAL
En las últimas semanas se ha renovado en el país la discusión de dos temas importantes: el control de armas de fuego y la regulación de las campañas electorales. Aunque distintos en su naturaleza, ellos tienen en común que plantean la necesidad de establecer controles para evitar excesos. Las medidas a tomar son, sin embargo, conflictivas porque afectan la libertad de expresión y autoprotección.

El control de armas debería ser un asunto de simple solución. Una opción es prohibir la tenencia y porte a toda la población civil. Otra es permitirla sólo a las personas que paguen una licencia y se sometan a una evaluación sicológica. Ambas medidas, aunque sensatas, son de difícil ejecución. Veamos.

Prohibir la posesión y porte de armas a toda la población civil encontraría el rechazo de muchas personas que plantean la necesidad de tenerlas para la autodefensa, sobre todo, por el auge de la delincuencia.

El argumento no es errado, pero una vez se acepta como válido, no hay manera de limitar la proliferación de armas. Cualquiera puede sentirse vulnerable y apelar a la necesidad de tenerla.

Por otro lado, plantear que sólo se decomisen las armas de porte ilegal, implica someter a toda la población a una extensa pesquisa para detectar quienes las llevan sin permiso oficial.

Esto crea la sensación de un Estado policial y aumenta considerablemente la posibilidad de que los cuerpos del orden público cometan abusos contra la ciudadanía.

Por ejemplo, la revisión no podría realizarse de manera parcial porque conllevaría arbitrariedades en la selección de las personas a revisar. Debe entonces someterse a toda la población a una inconveniente revisión. Además, una pesquisa selectiva es de alcance limitado para detectar el porte ilegal.

En la práctica, ante un aumento de la criminalidad y del porte de armas, el único mecanismo confiable para enfrentar el problema es redoblar la seguridad que ofrece el Estado a la población.

Si el gobierno fracasa en garantizar la seguridad ciudadana, es prácticamente imposible reducir las armas en la población porque siempre habrá razones justificadas para que muchos recurran a ellas.

El tema se debatirá esporádicamente cuando ocurra algún accidente fatal, pero el problema persistirá.

Algo similar sucede con la regulación de las campañas electorales. Se habla de la necesidad de establecer controles en los gastos y la cantidad de publicidad. En la práctica, sin embargo, es difícil lograrlo, sobre todo, cuando el Estado no está apegado a normas legales de institucionalidad.

La reciente celebración de primarias con un derroche de dinero y candidatos de poco encanto, ha llevado a reanudar el debate sobre la regulación de las campañas.

Ante las quejas de excesos, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido diversas declaraciones para comenzar a establecer controles. Pero, como lo revela la discusión actual, muchas medidas serán ampliamente criticadas.

La confrontación con los medios de comunicación y los políticos se ha iniciado. Sucede que la democracia tiene la ventaja de permitir la libertad de expresión, pero no todo lo que se dice es racional, deseable o agradable.

Surge entonces el deseo de restringir la libre expresión, ya sea por el contenido o el momento en que se emiten los juicios. El problema es que decidir qué y a quién se restringe sin vulnerar derechos es imposible.

Por ejemplo: ¿Debe restringirse el período y la cantidad de anuncios políticos en los medios de comunicación para evitar que quienes tengan más dinero predominen en la publicidad? ¿Debe reducirse la publicidad política para no producir contaminación visual y auditiva a la población? ¿Debe limitarse la cantidad de dinero que gastan los partidos y políticos en publicidad?

Responder positivamente a estas preguntas sería lo sensato, pero llevar esas decisiones a la práctica es casi campo vedado.

Con respecto a las encuestas de opinión surgen las siguientes interrogantes: ¿hay derecho a prohibir la publicación de resultados de compañías encuestadoras legalmente registradas? ¿Cómo determinar de antemano cuáles son fiables o no? ¿Por qué limitar información a la población?

La democracia, lamentablemente, ha devenido en un sistema político de mercado donde productos de distinta calidad compiten. Bombardeados con publicidad, los consumidores tienen que decidir qué políticos prefieren y utilizar sus criterios para distinguir entre ellos.

La regulación de las campañas es, sin duda, importante para establecer reglas mínimas de competitividad. Pero suponer que mediante restricciones a las campañas se aumentará la calidad de las opciones políticas, o mejorará significativamente la competitividad entre los contrincantes, revela ingenuidad o demagogia política.

La industria electoral es un sector dinámico y lucrativo de la economía. De ella se benefician no sólo los políticos, sino también los medios de comunicación, muchos comunicadores y publicistas. En nombre de la libertad de expresión todos ellos defenderán su derecho a la opinión, como otros lo harán con la posesión de armas para su autoprotección.