Armonía

Armonía

La Fiscalía del Distrito Nacional y la Junta Central Electoral han puesto en  armonía sus relaciones, eliminando por la vía del diálogo un diferendo que jamás tuvo razón de ser.

En virtud del entendimiento entre el fiscal José Manuel Hernández Peguero, representante del Ministerio Público, y el presidente de la Junta, Luis Arias Núñez, será posible una supervisión de las operaciones de las oficialías del Estado Civil.

Nunca debió degenerar en discordia la iniciativa del Ministerio Público por tratar de desentrañar la verdad en momentos en que las oficialías estaban sometidas a cuestionamientos muy severos, en base a denuncias de uno de sus oficiales que, por cierto, jamás debió ser destituido antes de que una investigación demostrara si sus denuncias eran falaces o veraces.

La conciliación de intereses no borra irregularidades como, entre otras,  el cobro por expedición de actas de nacimiento y el atributo jurídicamente insostenible de la caducidad de estas certificaciones, pero, al menos, abre la posibilidad de eliminar los vicios denunciados y ojalá permita sancionar responsabilidades.

Cuando la inercia del Ministerio Público es rota por una queja o denuncia válida de la sociedad, las objeciones como las presentadas por la Junta tipifican una obstrucción a la búsqueda de la verdad, y eso es muy grave. Felizmente, ese obstáculo parece haber sido removido por las virtudes del diálogo.

Sensatez

El Colegio Médico Dominicano, que justo es decirlo, ha levantado la legítima demanda de mejor paga para sus afiliados, ha logrado por la vía del diálogo lo que no pudieron decenas de paros y huelgas en los hospitales, con consecuencias muy penosas para la población más pobre.

El Presidente Leonel Fernández ha comprometido su palabra en la satisfacción de parte de las demandas salariales de los médicos, así como pago de incentivos que dependerán del desempeño de estos profesionales.

Si algo ha restado méritos a la justa demanda de los médicos ha sido la vocación del Colegio Médico Dominicano, y anteriormente de la Asociación Médica Dominicana, de recurrir a la paralización de labores como medida de fuerza para sustentar sus demandas.

Por muchos años, este procedimiento solamente acarreó perjuicios de índoles diversas a los receptores de los servicios hospitalarios, que en su mayoría pertenecen a las capas sociales con menos alternativas en materia de salud.

Parece que la concertación a que se ha arribado inicia una nueva etapa en la que, aspiramos nosotros, los médicos y el colegio que los representa aprovechen para conducir futuras demandas por vía de métodos más convincentes que los paros. En todo caso, la razón, la justeza de los reclamos, siempre ha tenido efectos más convincentes que la fuerza.

Desde luego, en toda concertación la figura de mérito no son los acuerdos per se, sino su cumplimiento, su respeto cabal.

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