Monseñor Francisco José Arnaiz sugirió ayer a las iglesias o grupos religiosos, que deseen que los matrimonios de sus correligionarios tengan valor jurídico civil,  que se acerquen y pregunten al Estado qué garantías deben cumplir para que sus matrimonios  sean asumidos legalmente como casamientos civiles.

El prelado, al responder preguntas de este diario sobre el tema, dijo que el Estado como representante de la sociedad civil, por la repercusión que tiene el matrimonio y la familia en el orden social, goza del derecho y del deber de velar por esa institución y de legislar rectamente sobre ella en razón del bien de la sociedad.

Agrega que las instituciones religiosas, cualesquiera que sean, no tienen poder jurídico civil.

“Lo tienen si el Estado se lo concede, para concedérselo debe exigir ciertas condiciones y reclamar ciertas garantías, algunas de ellas burocráticas”.

Arnaiz, obispo emérito  sostiene que el  matrimonio-sacramento de la Iglesia Católica no tiene en sí efectos jurídicos civiles, pero que en vista de las garantías presentadas, el Estado  le otorgó valor civil legalmente a través del Concordato (como pudiera haberlo hecho por una ley específica)  evitando  que los que recibían el sacramento del matrimonio no tuviesen que hacer después un matrimonio civil.