El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional Wellington Arnaud, lamentó ayer que la mayoría peledeísta en la cámara baja aprobara un informe de la Cámara de Cuentas que advierte sobre “inconsistencias” en la ejecución de los recursos públicos.
Se trata del Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado del año fiscal 2015, depositado en abril de 2016.
Sostuvo que el documento muestra serias “debilidades” y que, en vez de rechazarlo, la Cámara de Diputados lo aprobó contrario al mandato constitucional.

Arnaud precisó que en el informe se evidencia un festival de incumplimientos de los controles internos previos y del sistema automatizado definido por el Ministerio de Hacienda.

“Con esto se evidencia que continúan las faltas de coordinación y conciliación que generan inconsistencias en las estadísticas fiscales, tanto de la ejecución presupuestaria como en el registro contable y lo grave es que estas informaciones suministradas al Congreso Nacional para que cumpla su rol de fiscalizar se quedarán en el aire”, dijo.

No se cumple Ley. Arnaud explicó que conforme al artículo 93.2.a de la Constitución, la atribución del Congreso es aprobar o rechazar el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) del año anterior, el cual debe ser presentado por el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria, mandatos que no se cumplieron, ya que lo aprobado fue el informe remitido por la Cámara de Cuentas.

“Lo correcto debió ser rechazar el informe y no aprobarlo, pues con esas incongruencias se demuestra que la mayoría mecánica que ejerce el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene intención de que sean corregidas”, sostuvo Arnaud.
El también miembro de la Comisión de Prepuesto de la Cámara de Diputados citó entre las cifras incongruentes la línea de crédito de Tesorería Nacional, según la cual, se presentó el uso de RD$82,514.88 millones y se llegó a saldar en el período fiscal analizado, un monto de RD$59,563.32 millones. Sin embargo, se dejó de pagar RD$23,313.29 millones, en inobservancia de la Ley 6-06, de Crédito Público y de la propia Ley 527-14, explicó.