Para el arquitecto Erick Dorrejo la debilidad institucional, la ausencia de capacidades, la falta de instrumentos legales y la inexistencia de un mecanismo para articular los gobiernos locales con el Gobierno central son las principales razones del desorden existente en la República Dominicana en materia de uso y ocupación del territorio.

Consideró que, a pesar del avance experimentado en el país durante los últimos años, aún existen desafíos importantes que garanticen la habitabilidad básica de los ciudadanos.

“El desorden existente plantea un reto para aquellos territorios que se han consolidado durante los últimos 50 años, en los que la permisología para la aprobación de cualquier tipo de uso de suelo, por parte de los entes del Gobierno (nacional y local) no ha tomado en consideración las potencialidades del territorio, ni las capacidades de los gobiernos locales”, indicó el profesional.

Dijo que el derecho a utilizar el recurso suelo no ha sido el resultado de un esfuerzo de planificación interinstitucional, conducido por el ayuntamiento y acompañado por el Gobierno central (sectoriales) y el mismo no ha tomado en cuenta la vulnerabilidad económica, territorial, social y funcional del suelo.

Consideró que más bien ha sido del fruto de decisiones discrecionales y particulares por parte de actores gubernamentales con cierta cuota de poder.

Por lo tanto, entiende que es urgente que los ayuntamientos en donde se encuentren territorios ya consolidados impulsen la formalización de convenios para el uso del suelo, como un instrumento de carácter legal y vinculante para todos los actores, a través del cual se defina la pertinencia de mantener un territorio para cierto tipo de actividades exclusivas o la posibilidad de compatibilizar distintos usos en un mismo espacio, incorporando si es necesario algunas regulaciones espaciales. Señaló que los

sucesos ocurridos en las últimas semanas con envasadoras de gas muestran la fragilidad de las ciudades dominicanas ante la ausencia histórica de una gestión efectiva sobre el uso y la ocupación del suelo.

Dijo que, a pesar de que los Ayuntamientos son los responsables de esa gestión, hay situaciones que han impedido la aplicación efectiva de esa competencia.