A quien escribe, como a la mayoría de los dominicanos, le tomaron por sorpresa las detenciones llevadas a cabo por el Ministerio Público el pasado lunes. No debió ser así puesto que, para usar el más común de los lugares comunes,  se trata de la crónica de unas detenciones anunciadas.

Por esta imprevisión tenía preparado un artículo sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y su funcionamiento. Sin embargo, me someteré al dictado de los acontecimientos y señalaré algunas cosas que creo importantes sobre el caso Odebrecht y los meses que vienen.

El caso Odebrecht es el escándalo de corrupción más relevante en nuestro país en lo que va de década. Al margen de las discusiones que pueden suscitarse sobre aspectos puntuales, es innegable que tiene el potencial para marcar profundamente la forma en que los dominicanos vemos lo público. Pero, sobre todo, puede significar un antes y un después en la lucha contra la corrupción administrativa.

La importancia del momento requiere de calma. Y calma para todos. En nada beneficia a la sociedad convertir en armas arrojadizas las posiciones ajenas en torno al caso. Hay dos hechos  incontestables con los que todos tenemos que lidiar. Primero, que la empresa Odebrecht incluyó al país en su tinglado internacional de corrupción. Segundo, que la solución a este caso se debe producir en el marco del sistema de justicia, a pesar de las limitaciones que presenta.

Y es aquí precisamente donde debemos hacer un alto y reflexionar. El momento parece reclamar acciones y posiciones heroicas. Y muchos las asumirán, creyendo que con esto benefician a la causa colectiva. Habrá personas de ambos lados del debate que asumirán posiciones de “todo o nada”. Unos, descalificando a todo el que llame a la prudencia;  otros, denostando a cualquiera que critique el statu quo.

Pero este caso, junto con su momento épico, pasará. La sociedad, sin embargo, quedará, y lo agitado del curso que siga depende de nosotros. Cuando se calmen las aguas y se dé por cerrado el caso Odebrecht tendremos que enfrentar el hecho de que de nada vale sancionar a quienes resulten responsables de un caso como este si no creamos las herramientas necesarias para que no se repita.

El trabajo que nos queda por delante es largo y, sobre todo, tedioso. Eso lo hace poco atractivo en una cultura política y mediática acostumbrada a que los eventos entren como trombas marinas y se sustituyan unos a otros constantemente en la conciencia colectiva.

La institucionalidad que necesitamos también es incómoda porque requiere que renunciemos al ansia de soluciones drásticas a casos como el presente. Y es entendible que así sea porque el sistema de justicia ha labrado casi con esmero la desconfianza que hoy le tiene la ciudadanía.

Para que estos procesos discurran como debe ser es necesaria una ciudadanía vigilante. Y esto, aunque para algunos resulte contradictorio, requiere de calma e incluso de paciencia. No la calma y la paciencia de la resignación o la desidia, sino las de quien tiene el ojo puesto en el largo plazo. La que es necesaria para discutir constructivamente cómo cambiar las reglas de juego para que estos escándalos dejen de ser el pan nuestro de cada día.