Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
Más de 200 improvisadas casuchas levantadas por invasores de terrenos en las periferias de Villa Altagracia a orillas de la Autopista Duarte, fueron derribadas ayer por unos 800 militares y policías que tienen como meta desalojar toda la zona como parte del Plan de Seguridad Democrática, debido a que bandas de delincuentes utilizan esas viviendas para cometer actos delictivos.
Durante la acción y por efecto de gases lacrimógenas se desmayaron la niña Elena Disla, de 9 años, y Petronila Guardarramos, de 28, quien se encuentra embarazada.
«Estas personas, las cuales han invadido de manera irregular terrenos del Estado, se han dado a la práctica de utilizar las viviendas para cometer actos delictivos y para vender y/o exigir derechos sobre las mismas», afirmó el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Explicó que el desalojo y destrucción de las viviendas que no estaban habitadas tiene como objetivo evitar que sigan sucediendo hechos delictivos, «ya que se está poniendo en riesgo la seguridad del Estado».
«La mayoría de las casas desalojadas no estaban habitadas y eran utilizadas por bandas organizadas para lucrarse de ese negocio ilegal, que por años ha sido la invasión de terrenos del Estado», precisó.
Para llevar a cabo el desalojo fueron empleados varios vehículos pesados, camionetas, camiones y un helicóptero.
Domínguez Brito dijo que el desalojo es una medida preventiva para garantizar la seguridad del Estado, pues las invasiones irregulares de terrenos del Estado atentan contra la seguridad del país.
Redactores de Hoy observaron como personas residentes en el pueblo de Villa Altagracia al percatarse de la situación se trasladaron a la zona desalojada para realizar algunos reclamos.
Otros, sin embargo, admitieron que habían invadido esos terrenos por orden de una ex autoridad municipal de Villa Altagracia y por un supuesto decreto presidencial dictado por las pasadas autoridades en el período electoral.
La acción de las autoridades fue realizada de manera pacífica, aunque en ocasiones hubo protestas por parte de los afectados.
Los desalojos fueron realizados en tres puntos de la autopista
Duarte, donde los invasores amparados en supuestos decretos y órdenes verbales se apropiaron de terrenos e improvisaron barrios.
Los operativos fueron dirigidos por el procurador adjunto Andrés Chalas, quien explicó que en la primera etapa del desalojo masivo sólo eran destruidas las casas que se encontraban deshabitadas.
Dijo, empero, que posteriormente todas las personas tendrán que salir de esos lugares para ser reubicadas en otros solares.
El operativo de desalojo y destrucción de viviendas no habitadas se realiza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Agrario Dominicano, Bienes Nacionales, el Instituto Nacional de la Vivienda, Obras Públicas, la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría de Medio Ambiente, la Policía Nacional, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y el CEA.
