QUITO (AFP).- Un paro general se cumple este miércoles en varias provincias ecuatorianas contra el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, a quien la oposición exige actuar para reorganizar la Corte Suprema de Justicia, que considera ilegítima.

La protesta, que inicialmente involucró a las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito) y Azuay (al sur, con capital Cuenca), se extendió a las de Chimborazo y Cotopaxi, ambas al sur andino, según informó el prefecto pichinchano, Ramiro González.

Sin embargo las provincias costeras -y en particular Guayas, cuya capital es Guayaquil- no se sumaron al movimiento.

Aunque de carácter pacífico, la protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, con saldo de cuatro contusos y 15 asfixiados por el gas lacrimógeno utilizado por la Policía, según informó la Cruz Roja.

La percepción sobre la aceptación de la protesta era muy variada. Según el prefecto González, del partido opositor Izquierda Democrática (ID, socialdemócrata) y uno de los promotores del paro de 24 horas, «es un éxito total».

Mientras tanto el ministro de Gobierno, Oscar Ayerve, declaró que «el paro es un fracaso». Para Ayerve, que dialogó con la prensa, «sólo unas 700 personas salieron a protestar en las calles» y anotó que «el transporte urbano ha sido normal en toda la ciudad».

Durante un recorrido por la ciudad, la AFP constató que el número de autobuses y taxis se redujo hacia el mediodía, especialmente por la aparición de algunas fogatas con llantas en las vías principales, mientras que el sistema municipal de trolebús está suspendido.

Las operaciones del aeropuerto internacional Mariscal Sucre eran normales, mientras que los bancos han atendido durante el día a sus clientes.

En medio del paro, la empresa estatal petrolera Petroecuador informó que todas las operaciones hidrocarburíferas son normales, por lo que se cumplía la explotación y exportación de crudo, así como el abastecimiento interno de combustibles.

El alcalde capitalino, Paco Moncayo, cabeza visible de la protesta junto con González, denunció que la Policía disparó abundantes bombas lacrimógenas contra varias personas que manifestaban frente al edificio del Consejo Provincial de Pichincha, en el centro moderno de Quito.

Mientras tanto Humberto Cholango, líder de la organización Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), dijo que su participación busca acabar con la «dictadura» del presidente Gutiérrez.

«Ya el pueblo de Ecuador no soporta más represión de un gobierno que ha engañado a los pobres con un discurso neoliberal», declaró Cholango.

Las clases en escuelas y colegios públicos y privados están suspendidas en Quito y Pichincha, mientras que el Palacio de Carondelet, sede del gobierno y donde permanece Gutiérrez, está convertido en un bunker con la presencia de policías y soldados, que han tendido un cerco de alambre de púas y mallas metálicas.

El paso de peatones y vehículos es imposible en dos cuadras a la redonda de Carondelet.

En Cuenca, tercera ciudad del país, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, dijo que «el paro es cívico» y señaló que no se han registrado problemas en esa región del país.

En el puerto de Guayaquil, la actividad laboral es normal. «En Guayaquil no hay paro, ni ninguna clase de protesta», informó un vocero de la Policía.

Ecuador soporta una crisis político-jurídica desde el 8 de diciembre pasado, cuando una mayoría oficialista en el Congreso reestructuró la CSJ y con una simple resolución integró una nueva, que de inmediato fue calificada como ilegal e inconstitucional por la oposición.