LA PAZ (AFP).- Con huelgas de hambre, anuncios de marchas y amenazas de desabastecimiento de mercados, la oposición boliviana incrementa su presión contra la política agraria del presidente Evo Morales y su intento de controlar la Asamblea Constituyente.

Un bloque conformado por la agrupación conservadora Podemos, Unidad Nacional (UN, centroderecha), y el liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se ha despachado contra la política que califica de “totalitarista” y “anticonstitucional y antidemocrática” de Morales en la Asamblea Constituyente.

UN, cuyo líder Samuel Doria Medina y otros de sus correligionarios se declararon el jueves en Sucre -sede de la Constituyente- en huelga de hambre, abrió otros grupos de ayuno en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Pando contra la intención del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) de imponer la mayoría con que cuenta en el plenario.

El acaudalado empresario Doria Medina, que junto a sus copartidarios exige que la nueva Carta Magna sea aprobada por dos tercios (170 de los 255 votos de la Asamblea), acusó al MAS de intentar “matar” a la Constituyente con su propósito de establecer la mayoría absoluta (50%+1) como fórmula de aprobación.    El MAS controla el 54% de los escaños.

Cuando resta consensuar esa mecánica de votación, las deliberaciones del plenario se desarrollaban el viernes en condiciones peculiares, con huelguistas en el plenario, y lejanas las perspectivas de un acuerdo entre el MAS y el bloque opositor, que no transige en su defensa de los dos tercios.

   Morales busca refundar el país por medio de una Constitución a la medida de sus políticas de cambio.

   A la expectativa y en defensa del mandatario aymara, fuerzas indígenas y campesinas se encuentran estacionadas en Sucre a la espera de las resoluciones de los tribunos.

   El bloque partidario encabezado por Podemos, la principal formación de oposición en el Congreso del ex presidente derechista Jorge Quiroga, también se ha plantado contra el gobernante izquierdista que presiona por la aprobación en el Senado de las modificaciones a la ley de tierras.

   Podemos controla el Senado, que tiene un plazo de dos semanas para considerar una nueva ley de tierras que a media semana aprobó sin consenso la Cámara de Diputados con base en la mayoría oficialista.

   El presidente advirtió a los senadores opositores y al empresariado agropecuario que en caso de que no se aprueba la ley de tierras -que prevé la reversión al Estado de tierras improductivas en manos de latifundistas- se corre el riesgo de una movilización del pueblo hasta la aprobación de la norma.    Los senadores de Podemos rechazaron lo que consideraron una amenaza, y el jueves faltaron a la sesión de la Cámara Alta, suspendida por falta de quórum.

   El viceministro de tierras, Alejandro Almaraz, pidió a los congresistas opositores “cambiar”, si cabe, las reformas aprobadas en Diputados o realizar modificaciones “pero en ningún caso” dejar de tratarla.

   La presión contra el mandatario indígena que apunta a entregar al menos 20 millones de hectáreas a campesinos sin tierra, provenía también del lado de los productores agrícolas que anunciaron medidas de fuerza contra la política agraria oficial.

   La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) convocó para el martes que viene a una marcha contra el Gobierno y advirtió con cerrar las vías de las ciudades de Santa Cruz, Beni y Pando, “para mostrar al gobierno nacional lo que puede dejar de producir en este país”.

   La medida de fuerza cuenta con el apoyo de organizaciones civiles de estas regiones y también del distrito de Tarija, radicalmente opuestas a Morales.

   Los ganaderos de Beni advirtieron con suspender sus envíos de carne de vacuno a La Paz y otras ciudades del oeste andino del país.

   El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, dijo que en tal caso el gobierno importará carne.