LA PAZ (AFP).- Las protestas arreciaban este miércoles en Bolivia contra una controvertida ley de hidrocarburos promulgada la víspera por el Congreso, mientras el presidente Carlos Mesa intentaba aplacarlas con un plan económico que abría nuevas incógnitas.

Los conflictos se incrementaron después que la nueva legislación fue promulgada por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, en respuesta a la negativa del presidente Mesa a pronunciarse, amparado en la Constitución, acerca de la norma.

La oposición a la ley se convirtió en factor aglutinante de protestas en varias zonas de Bolivia.

Mineros y campesinos mantenían doce puntos de conflicto e impedían el paso del tráfico en rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

En La Paz un grupo de mineros y sindicalistas, encabezados por dirigentes de la unitaria Central Obrera (COB), fueron reprimidos por la policía con bombas de gas lacrimógeno y chorros de agua lanzados desde cisternas antimotines.

Los incidentes no registraron víctimas ni detenidos, según un balance de la policía regional.

Alrededor de 200 vehículos, la mayoría de carga, estaban varados en una principal vía que conecta La Paz con el interior del país y los puertos chilenos de Arica e Iquique, por donde fluye el comercio boliviano.

Los campesinos mantenían también cortada la vía turística que une La Paz con la frontera de Perú, a la altura del poblado de Huarina.

Una caminata de varios cientos de cocaleros y campesinos, propiciada por el líder socialista opositor Evo Morales, avanzaba en tanto sobre La Paz, en oposición a la ley de hidrocarburos, convertida en indeseable y centro de confrontación política.

El ministro de Gobierno, Saúl Lara, llamó a mantener la calma y dijo ignorar los términos de las críticas sociales a un plan de reactivación económica entregada la noche del martes por Mesa, poco después de promulgarse la ley de hidrocarburos.

Este es «un tema cerrado, se vuelca la página, el país necesita desgasificarse, porque no sólo de gas vivimos los bolivianos, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo plan económico y social», matizó Lara.

El líder de la unitaria Central Obrera (COB), Jaime Solares, retrucó que el plan expuesto por Mesa «para nada le sirve al pueblo, es un engaño» y estimó que «el gobierno sigue perjudicando al país porque no toma decisiones y su modelo económico no resuelve los problemas del país».

Contra la política gubernamental y en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, las combativas organizaciones de El Alto, vecina de La Paz, llamaron para el lunes próximo a una huelga indefinida.

El Alto, a 12 km de La Paz, fue escenario en octubre de 2003 de una sangrienta rebelión popular, con alrededor de 60 muertos y centenares de heridos, en la denominada ‘guerra del gas’ que precipitó la caída del antecesor de Mesa, el conservador Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los empresarios bolivianos también expresaron su disconformidad con la ley, considerada de «confiscatoria», y consideraron que puede ahuyentar las inversiones extranjeras.

«Mi responsabilidad como presidente de la República es asumir la administración de esa ley con todos los conflictos, dificultades, problemas, pero también, ojalá que sí, beneficios que esa ley pueda traer», señaló la víspera Mesa, también contrario a la nueva legislación.

Con la batalla radicada en calles y rutas, Morales anunció otro frente en el Congreso, donde controla la segunda mayoría, para modificar la ley, en vigor desde el martes.

Morales rechaza la nueva legislación porque «aún atiende» los intereses de las compañías petroleras que operan en el país.

Los consorcios extranjeros, agrupados en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), han rechazado la ley por «confiscatoria» de sus derechos reconocidos por la abrogada ley de 1996.

La CBH, que aglutina entre otras a multinacionales como Repsol-YPF (España-Argentina), Petrobrás (Brasil) y British Gas (Gran Bretaña), amenazaron además con juicios si la norma les obliga a migrar de los ventajosos contratos suscritos anteriormente.

La norma que rige en lugar de la anterior promulgada por Sánchez de Lozada, eleva los impuestos no deducibles ni acreditables a 32% y ratifica en 18% el cobro de regalías.

La propuesta de Morales apunta a que el Estado boliviano se beneficie con el pago, por parte de petroleras, del 50% de regalías y tenga facultades para fijar precios del gas en el mercado interno y externo.