Momento en que eran sacados de la cárcel de Ciudad Nueva los presos de la Operación Anti Pulpo para ser trasladados a Centro Penitenciario Najayo - Hombres / Fuente Externa
Los arrestados producto de la investigación denominada “Operación Anti Pulpo” no interactúan entre sí el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, así lo aseguró la directora del Nuevo Modelo Penitenciario, Patricia Lagombra.
Lagombra indicó que por estar en el área de máxima seguridad los imputados tienen vigilancia especializada.
“No tienen comunicación de manera precisa porque tienen alojamientos individuales. No deben de tener contacto por el régimen de seguridad porque el fin de la máxima seguridad es evitar que le hagan cualquier daño a ese privado de libertada o que ellos continúen realizando actividades delictivas desde el Nuevo Modelo Penitenciario”, manifestó.
Los nuevos huéspedes en ese sistema carcelario tienen derecho a realizar una llamada diaria a sus familiares, también pueden comunicarse con ellos a través de una reunión virtual, indicó la funcionaria carcelaria durante el programa radial “El sol de los sábados.
Esta medida se adoptó con toda la población penitenciaria como forma de evitar brotes de covid-19 en las cárceles.
El martes 8 de diciembre de 2020, el juez José Alejandro Vargas envió a prisión preventiva a 7 de los 11 imputados contra los que pesan medidas de coerción en el caso denominado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como Operación Anti Pulpo, acusados de corrupción administrativa en la pasada gestión de Gobierno.
El juez dispuso prisión preventiva para Alexis Medina Sánchez, principal imputado del caso, así como en contra de los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
También contra el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez.