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TEGUCIGALPA AFP. Fuerzas hondureñas detuvieron ayer a decenas de seguidores del depuesto Manuel Zelaya que acampaban para exigir su restitución, en tanto la justicia electoral pidió al gobierno de facto derogar el decreto que restringió las libertades civiles.
Unos 100 soldados y policías antimotines desalojaron al amanecer del miércoles a campesinos que acampaban en la sede del Instituto Nacional de Reforma Agraria en Tegucigalpa desde el golpe de Estado, y arrestaron a 55 personas. La Fiscalía determinará si les abre causa penal a los 55 detenidos por infringir el estado de sitio, dijo el portavoz de la Policía Nacional, Erlin Cerrato.
La represión se profundizó pese a los dichos de Micheletti, que el lunes afirmó que iba a «derogar» el estado de sitio impuesto el domingo.
Mientras, Zelaya sigue refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde este miércoles recibió la noticia de que nació su nieto Juan Manuel.
Micheletti dijo al diario chileno La Segunda estar «dispuesto» a hacerse «a un lado si es necesario».
«Todas las opciones deben estar sobre la mesa, excepto la cancelación o el no reconocimiento de las elecciones del 29 de noviembre», agregó.
«Las elecciones del 29 de noviembre son la solución legal y justa a la actual crisis», agregó Micheletti, que ha tenido un discurso conciliador mientras refuerza la represión, incluida la clausura de los únicos dos medios opositores de Tegucigalpa: Radio Globo y el canal 36 de televisión.
El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Dan Restrepo, dijo ayer que Micheletti debe restablecer «todos los derechos» como primer paso para buscar una salida a la crisis hondureña.
«Es esencial que el gobierno de facto devuelva de manera inmediata y completa todos los derechos civiles y constitucionales a los ciudadanos de Honduras», dijo sobre el estado de sitio.
Pero Micheletti dijo que la solución al conflicto le compete sólo a los hondureños y no debe haber interferencia de personas u organismos extranjeros.
Exigen garantías constitucionales
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras solicitaron ayer al presidente de facto, Roberto Micheletti, derogar el decreto ejecutivo emitido el domingo que suspende cinco garantías constitucionales. «De manera respetuosa, le hemos solicitado al presidente de la República y a su gabinete de gobierno que el Decreto Ejecutivo, emitido en Consejo de Ministros, sea derogado para que no haya ninguna duda, ningún cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones», declaró el magistrado del TSE, David Matamoros, en rueda de prensa tras reunirse con Micheletti. El decreto, que limita derechos consagrados en la Constitución, como por ejemplo a la libre locomoción, libre asociación y libre emisión del pensamiento, entró en vigencia el lunes.
