El arroz es el más político de los productos de primera necesidad. Esta vocación de tan noble cereal no tendría mayores consecuencias si la ignoraran los productores y los políticos. Lamentablemente, unos y otros están conscientes de ello y, a su manera y en ocasiones de común acuerdo, actúan en consecuencia.

En el carácter político de tan vital artículo se halla en gran medida el origen de lo que desde todo punto de vista es una irracionalidad económica. Nos referimos a la práctica de producir más arroz del que el mercado nacional consume, sin una política definida de exportación del excedente.

Se sabe que el consumo anual en República Dominicana es de 10.8 millones de quintales y la producción actual es de 12.5 millones. ¿Qué hacer con los 1.7 millones que no podemos comernos? Lo más fácil: que el gobierno le busque mercado, pagando para que el que lo quiera comprar lo compre. En la práctica a eso se destinaría el aporte de RD$1,200 millones que tendrían que hacer las autoridades para que nuestro arroz pueda competir con el de otros países.

Los productores son ágiles para demandar del gobierno atención, protección, pago por la pignoración, facilidades en el financiamiento, pero lentos para las iniciativas que reduzcan los costos. Nuestra producción en promedio es de 4.23 quintales por tarea, a un precio de unos RD$6,000.00. Para poder competir con Estados Unidos -que tiene costos de producción mayores que Perú, Tailandia, Uruguay y Vietnam- tendríamos que llevar esos 4.23 quintales a 5.18.

Somos partidarios de que a los productores se les dé la protección que necesiten, sin hacernos cómplices de su irracionalidad. De hecho es un sector muy protegido por el gobierno, como lo indican el arancel del 99 por ciento que tiene que pagar quien desee importar arroz fuera del contingente del DR-CAFTA y los RD$450 millones mensuales en subsidio al consumo de 900 mil quintales, entre otros aportes.

Los productores deben poner de su parte, de manera que superen la situación expresada por Roberto Familia, presidente de la Asociación de la Reforma Agraria, cuando reconoció hace un par de meses: “La Comisión Nacional Arrocera ha querido ordenarnos, pero no ha podido con nosotros”. (periódico EI Día, 8 de octubre de 2011).

Ahí está la explicación de que aunque se programe sembrar en julio 320,000 tareas, fueron sembradas 704,000; pese a que se decidió que en agosto y en septiembre no se sembrara tarea alguna, fueron sembradas 230,000 en el primero y 36,000 en el segundo.

No sería de extrañar, en estas condiciones, que en marzo o abril del próximo año presenciemos otra ofensiva para que las autoridades les saquen las castañas del fuego a productores que violan su propia programación. El desarrollo de los arroceros no depende solo de subsidios y financiamientos, tampoco de medidas tan ligeras como la recomendación de que se conviertan en mala paga. Se debe empezar a pensar en que el mercado tiene sus propias normas, en que aún está vigente la ley de la oferta y la demanda, y que en un mundo en constante cambio quien no innova perece.