El hecho de que los arroceros dominicanos obtengan  cosechas  más abundantes que en el 2009 no significa que su situación sea diferente en lo esencial, a la de los ganaderos afectados  por  baja productividad, costos elevados y  auge de  importaciones; males que se agravan por la falta de políticas que estimulen el consumo interno y los avances tecnológicos en fincas. De un modo parecido, el problema mayor con el cereal estriba en que  de ser exportado competiría con granos de mejor calidad y precios  favorables al consumidor que se presentan  en otros países.

El Estado debería funcionar como un excelente patrocinador del progreso agropecuario e industrial generando las mismas condiciones que existan en otros mercados que  logran que artículos similares a los nuestros cuesten menos al consumidor final. En promedio, los precios de los insumos, maquinarias, suministros energéticos y los vitales financiamientos resultan aquí superiores  a los de otras latitudes. Como comprador de la mayor importancia, el Gobierno debería también  dar preferencia a productos locales  aun cuando fuesen un poco más caros que los  externos. Pero el país necesita también de empresarios agrícolas y fabriles que trabajen con inteligencia y empeño por su propia causa. Que no pretendan  que todo  caiga del cielo, que corran riesgos y superen algunos    esquemas de bajo rendimiento.

Servirse más que servir al pueblo

Los cambios de mando y períodos en  el Estado (Ejecutivo, congresional y municipal) con frecuencia traen aparejadas unas estelas de cancelaciones sin piedad. Muchos se sienten llamados a cobrar “el sacrificio por la patria” que significó trabajar en las campañas que abrieron las puertas del triunfo que de inmediato convierten en arribismo. No importa que para el usufructo de empleos haya que desemplear a otros dominicanos  a los que  debería respetárseles  el derecho a conservar sus ingresos. Poco interesa si los funcionarios y empleados  que ingresan a los presupuestos reúnen o no las condiciones que los cargos exigen.

Los políticos han hecho poco esfuerzo para rodear de garantías de permanencia la ocupación de cargos cuando se trate de servidores competentes. La administración pública debería estar rodeada de dignidad. Pero no. Las dirigencias partidarias prefieren que los empleos no salgan de la condición de botín para manejar conciencias.