La Comunidad Católica de La 40 de Cristo Rey, Distrito Nacional, y organizaciones comunitarias de la zona, reafirmaron la queja sobre la ola de delincuencia manifestada en robos, atracos, drogadicción y otros, denunciados por el sacerdote José Luis Hernández, con lo que desmienten allegados al Ministerio de Interior y Policía que dicen lo contrario.

El doctor Rafael García, así como Rafael Rodríguez, del Comité ProConstrucción del Politécnico; Nikol Ortega, Jhonatan Campusano, Juana Epifania Reyes, entre otros, respaldaron las denuncias hecha recientemente por el párroco de la iglesia San Pablo Apóstol, José Luis Hernández, en el sentido de que el Plan de Seguridad Ciudadana ha sido un fracaso.

En rueda de prensa en la sede de la parroquia, los feligreses y comunitarios deploraron que mientras la delincuencia azota al sector, tienen a las familias en pánico los robos, asaltos, drogas, hooka y el desorden en la vía pública es pan de cada día, un pequeño grupo de asalariados se da a la tarea de negarlo.

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“Todo esto es una vulgar mentira, proveniente de sectores interesados, muchos de los cuales son asalariados del gobierno, bocinas, que simplemente resuenan para mantenerse graciosos antes las autoridades, especialmente del Ministerio de Interior y Policía”, sostienen en documento dado a la prensa.

Llaman la atención al Arzobispado de Santo Domingo para que no se deje presionar por algunos funcionarios que tratarían de que al padre José Luis Hernández lo trasladen de Cristo Rey.

Consideran que lo único que ha hecho el sacerdote José Luis Hernández es trabajar a favor de la comunidad, promoviendo la integración de los comunitarios y la formación de organizaciones que promuevan el bien colectivo.
Respaldarán al cura en todos los escenarios.

Caso Falcón: Tribunal ratifica prisión preventiva

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, Yiberty Polanco, ratificó ayer la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra Kelvin Torres Bueno (El Toro), uno de los implicados en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en esta ciudad y otros puntos del país mediante la Operación Falcón.

La medida tomada por la magistrada Polanco se produjo atendiendo a la invariabilidad de los presupuestos, según el Ministerio Público.

Torres Bueno está acusado de testaferro de la organización, administrar bienes millonarios acumulados por el grupo criminal, fruto según el expediente de sus actividades que incluyen el lavado de activos por narcotráfico, entre otros delitos.