Según informaciones de Joaquín Gerónimo, Superintendente de Pensiones, los empleados o trabajadores afiliados al régimen contributivo establecido en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, tenemos acumulados más de 190 mil millones de pesos distribuidos en 5 Administradoras de Fondos de Pensiones, que supuestamente, mantienen 2,600,000 cuentas individuales (una por cada afiliado).

Directamente proporcional al incremento de esos fondos, se ha elevado morbosamente el apetito por engullirlos en bancos, empresas, funcionarios públicos, economistas y toda mezcolanza de amigos del dinero ajeno, proponiendo múltiples formas de “inversión”.

Aparte del número de mi cuenta, me gustaría saber si los otros 2,599,999 asegurados conocen, no solamente su  número, sino el monto acumulado para su pensión y si a ese dinerito no le sacan un “cero mata cero” que lo convierte en “invisible” al momento de reclamarlo, ya que la odisea de conseguir una pensión en nuestro país no tiene parangón en ningún otro lado del planeta.

Recientemente, la señora Maritza Hernández, presidenta del Consejo Nacional de la Seguridad Social, bombardeó la información de que ese organismo aprobó, mediante resolución 304-01 (¿fecha?), que esos fondos sean utilizados para comprar “bonos” del Estado, previo conocimiento y aprobación de la Comisión Evaluadora de Riesgos de la Superintendencia de Pensiones, conforme lo establece el Artículo 97 de la Ley  87-01.

¿No se trata de un asalto autorizar comprar bonos a un Estado virtualmente quebrado y que ello dependa de la evaluación de un comité de 6 personas, 5 de las cuales son empleados del gobierno y 1 solo representante de los dueños del dinero? Es un lúgubre adiós a los fondos de pensiones.