POR ROSARIO ESPINAL
Durante la pasada gestión de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se promovió abiertamente la idea de que el gobierno era para el disfrute de los miembros del partido en el poder. Esa visión, impulsada con arrogancia verbal y nombramientos en la administración pública, fue uno de los tantos factores que contribuyó al deterioro de la imagen pública del gobierno y al descalabro de la gestión del PRD. El partido se mostró incapaz ante las necesidades y demandas sociales, mientras un grupo de perredeístas en altas posiciones del gobierno, hacía alarde del poder ganado en las urnas en el 1998, 2000 y 2002.

El pasado 16 de agosto se inauguró el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, que obtuvieron el apoyo del 57.1% de la población votante.  Este número refleja una clara mayoría en las preferencias de los electores el 16 de mayo, y similar al PRD en el 2000, el gobierno peledeísta ha asumido que ganar unas elecciones significa que los dirigentes de los partidos ganadores tienen el monopolio de los principales puestos en la administración pública.

Dirán los incumbents de esos puestos que si ellos se fajaron a hacer campaña merecen sus nombramientos, y en parte es válido ese argumento.  Pero se olvidan esos dirigentes políticos de los problemas que se derivan de esta estrategia de asalto partidario al Estado.

A pesar de que la ciudadanía sigue votando masivamente por los partidos políticos existentes, diversas encuestas de opinión pública realizadas en el país demuestran que la población tiene muy poca confianza en los partidos y en sus políticos.  Este simple dato debería haber motivado a la dirección del PLD a pensar más cuidadosamente en los nombramientos para establecer un balance en el Estado entre dirigentes partidarios y profesionales, e impregnarlo de capacidad técnica y política.

Lograr este balance es importante porque la función primordial del Estado es administrar el gobierno y representar a toda la ciudadanía, mientras que la función principal de los partidos es competir entre ellos para llegar al gobierno.

Es entendible que los dirigentes partidarios que compiten quieran gobernar cuando ganan, y es de esperarse que lo hagan.  Pero una cosa es incorporar algunos dirigentes políticos al gobierno, y otra es colocar en todos los puestos importantes del gobierno a los altos dirigentes de los partidos ganadores.  Tanto el PRD en el 2000 como el PLD en el 2004 (y otros gobiernos pasados) han hecho lo segundo; es decir, han llenado la alta jerarquía del Estado con sus principales dirigentes políticos.

Esta estrategia tiene ventajas partidarias porque contribuye a mantener unidos los partidos en base al nombramiento de sus dirigentes a cargos públicos.  En el caso del PRD, un partido de historial faccionalizado, esta estrategia le rindió frutos al ex-presidente Hipólito Mejía, que logró mantener casi todo el perredeísmo unido hacia las elecciones, a pesar de las fuertes tensiones que generó la reelección.

En el caso del PLD, aunque las pugnas de liderazgo no son tan fuertes como en el PRD, las figuras dominantes del partido y la cúpula de los aliados han arropado en pocos días la dirección de la administración pública.

La lección que se deriva de este fenómeno es que ser dirigente de un partido político, o fiel a un presidente, es el criterio primordial a la hora de asignar los principales cargos públicos.

Por esta condición, entre los nombrados recientemente se encuentran incluso personas con acusaciones (fundadas o infundadas) de corrupción.  Pero en el contexto de crisis institucional y ética que vive el país vale preguntarse si no hay otros ciudadanos o ciudadanas que irradien mayor confianza y tengan capacidad de ocupar esos cargos.

Otro resultado lamentable es que las mujeres brillan por su ausencia en los altos puestos del gobierno.  Sólo tres mujeres, ubicadas en áreas tradicionalmente afines (educación y asuntos de la mujer) se incluyen en el actual gabinete.  Como pocas mujeres son connotadas dirigentes partidarias, pocas son las mujeres en la alta dirección del Estado.  Pero siendo las mujeres algo más del 50% de la población dominicana, hubiese sido más equitativo buscar fuera de la dirigencia partidaria mujeres con capacidad para dirigir secretarías y direcciones nacionales.

Entre los cambios que necesita el país es que los dirigentes partidarios entiendan que el Estado trasciende a los partidos y sus dirigentes.  Los partidos representan tendencias políticas y son instituciones diseñadas para competir por el poder político.  El Estado es el conjunto de instituciones y directivos responsables de la administración pública y de impulsar las políticas que impactan a toda la sociedad.  Por eso la dirección del Estado debe reflejar no sólo la composición del liderazgo partidario en sentido estricto, sino las energías políticas de la sociedad para encausar un proyecto social que una vez escogido en las elecciones deja de ser partidario para convertirse en nacional.