La Asamblea Revisora se aboca este martes al conocimiento, entre otros aspectos, del controvertido artículo 40, relativo a la libertad de prensa, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y la intimidad, en base al informe que una comisión especial presentará de la fusión de más de 15 propuestas de modificaciones a ese apartado del proyecto de reforma a la Constitución.

Los trabajos continúan a partir de las 3:00 de la tarde, según la convocatoria del presidente de la Asamblea, doctor Reinaldo Pared Pérez, quien prometió que los puntos más conflictivos –entre ellos el artículo 30, sobre el aborto; y el 35, que contiene el  “Hábeas Data”- serían revisados cuando sean conocidos en segunda lectura.

Entre las propuestas de modificación al artículo 40, que consigna el derecho a la libre expresión,  figura una del asambleísta Francisco Domínguez Brito, que solicita que en el numeral uno del citado artículo se incluya la frase “de carácter público”, a fin de que las personas sólo tengan acceso a las informaciones con ese carácter.

Una propuesta del asambleísta Mario Fernández Saviñón agrega un numeral al citado artículo a fin de que se reconozca el derecho de asilo, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

“Las personas que se encuentren en condiciones de asilo, gozarán de protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos”, expresa la propuesta, la cual añade que el Estado garantizará la no devolución del asilado.

Otra  de las enmiendas, del asambleísta Andrés Bautista, procura que se agregue al artículo 40, numeral 6, donde dice garantizar el acceso a los medios propiedad del Estado, la palabra “equitativo”.

Con la prensa

El bloque parlamentario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se opuso ayer a cualquier propuesta que lesione la libertad de prensa y el ejercicio de los profesionales de la comunicación, tal como informó  el diputado Alejandro Montás.

El asambleísta dijo que limitar la función informativa de los medios de comunicación en nada contribuye a la transparencia que se requiere en las instituciones públicas y privadas, para evitar la materialización de hechos de corrupción.