Se ha efectuado una Cumbre contra la Corrupción en la capital británica concebida antes que se publicasen los “Panamá Papers”, donde apareció mencionado el propio primer ministro inglés. Aunque cada vez se extiende más la comprensión del dramático impacto social de la corrupción, solo asistieron representantes de 40 países y de ellos apenas 12 jefes de Estado. El premier inglés dijo que la corrupción “destruye empleos, entrampa a los más pobres en una pobreza desesperada, socava nuestra seguridad y empuja a gente hacia los grupos extremistas”, en tanto para el secretario de Estado estadounidense es una amenaza “mayor” que la de los extremistas “porque destruye Estados”. Siendo una realidad cada día más evidente y preocupante, muchos se preguntan por qué varias de las naciones más desarrolladas y frecuentes denunciantes del fenómeno han sido tan tolerantes con “prácticas de corrupción institucionalizadas”, inclusive bajo sus propias sombrillas jurídicas. No nos engañemos; la publicación de los “Papers” – una milésima parte del alcance global – sacando a la luz nombres de compañías, personalidades y políticos es lo que ha motivado que algunos se empiecen a dar golpes en el pecho.
Sin embargo, en la Cumbre se avanzó poco, más allá de alguna que otra declaración altisonante. Algunos aceptaron monitorizar las cuentas pero de manera restringida, informando, en ciertos casos, solo a gobiernos, ocultando la información al conocimiento de la sociedad civil, sacrosanta para otras cosas. Solo seis naciones aceptaron hacer públicos los registros con los verdaderos propietarios y beneficiarios – Reino Unido, Francia, Holanda, Afganistán, Kenia y Nigeria (en un micrófono abierto se había oído al Premier ingles decirle a la Reina que Afganistán y Nigeria eran los países más corruptos del mundo) -. Otros seis dijeron que analizarían la medida – Australia, Nueva Zelanda, Jordania, Indonesia, Irlanda y Georgia-. Estados Unidos no firmó el Acuerdo. Se planteó el compromiso de “crear asociaciones” para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos en el sector financiero. En la Declaración Final se hizo un llamado a que fuese “prioritaria” la lucha contra la corrupción, penalizar a los responsables – “regulando” y “supervisando” los servicios legales, contables, de propiedad y corporativos en todos los países e identificar a los beneficiarios-, así como facilitar los mecanismos de denuncias. Como sectores muy susceptibles a la corrupción se señalaron la construcción y las aduanas.
El Gobierno británico, con jurisdicción sobre buena parte de “paraísos fiscales”, anunció que exigirá a empresas con propiedades en Inglaterra, unas cien mil, declarar sus activos. Se estima que los “ladrillos de lujo” londinenses son “refugio de dinero robado en el mundo entero”. Para Oxfam Internacional el “paquete de medidas anunciadas… no logrará detener los engaños con los impuestos”.
La Declaración Final afirma: «Afrontar la corrupción es vital para sostener la estabilidad económica y el crecimiento, mantener la seguridad de las sociedades, defender los derechos humanos, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente para las futuras generaciones y atender el serio delito organizado». Me parece demorado el descubrimiento del “agua tibia”.