La 49 Asamblea General de la OEA dejó en evidencia la división continental por la crisis de Venezuela en una caótica sesión final en la que fue aprobada una resolución que acepta al designado por la Asamblea Nacional como “representante permanente” de ese país hasta que haya elecciones.
Desde abril el representante de Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA es Gustavo Tarre, quien indicó que, a la luz de lo aprobado ayer en Medellín, tendrá un mayor estatus en la Organización de Estados Americanos (OEA). “Aceptar al representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que celebren nuevas elecciones que conduzcan al nombramiento de Gobierno elegido democráticamente”, señala resolución.
El texto, que además define una respuesta regional a la crisis de Venezuela e insta a los países de América a ofrecer “los mejores estándares de protección” para los migrantes del país, fue aprobado con 19 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y la ausencia de Uruguay que el jueves se retiró de la Asamblea en rechazo al manejo de la OEA a la crisis venezolana.
La votación fue precedida de un intenso debate y después de divulgado el resultado la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tomó la palabra para decir que por “un error de interpretación” se abstuvo y pidió que el voto de su país sea registrado como un sí.
La confusión en la votación fue el preludio de la discusión posterior, en la cual Nicaragua, México y algunas islas del Caribe expresaron su rechazo a la aceptación como “representante permanente” en la OEA del delegado de la Asamblea Nacional por considerar que el organismo no puede escoger a los delegados de un país.
“En Venezuela existe el Gobierno constitucional que dirige el compañero Nicolás Maduro”, dijo el ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke Whitaker, quien recordó que Maduro inició en 2017 proceso para retirarse de la OEA.
Según el jefe de la delegación nicaragüense, “es claro y evidente que el Gobierno legítimo de Venezuela no tiene representación legal en esta 49 Asamblea General” y añadió que “se pretende avalar e imponer a una representación que no fue nombrada por el Gobierno legítimamente elegido de Venezuela». “Nicaragua no está de acuerdo ni avala esta forma de destruir y demoler esta Organización”, dijo Jaentschke Whitaker, quien subrayó que “ni el Consejo Permanente ni la Asamblea General pueden elegir a representantes”.
Fue secundada por la embajadora de México, Luz Elena Baños, quien dijo su país “alza voz para defender principios fundamentales” de la organización. “México reitera que la OEA no tiene facultades para reconocer gobiernos y lamenta se violente normatividad de la Organización”, expresó.

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Brasil y Colombia defendieron la legalidad de la resolución aprobada y de la Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó, reconocido como presidente “interino” de ese país por 54 naciones. “Queremos saludar a Venezuela como miembro pleno de la Organización de Estados Americanos; Venezuela nunca dejó de serlo, seguirá siéndolo y esperamos que sea para siempre”, manifestó el representante de Brasil en la OEA, Fernando Simas Magalhães. El diplomático subrayó que la delegación acreditada en la OEA en esta Asamblea General procede de “un gobierno legítimo constituido en los términos de la Constitución de Venezuela que fue constituido para resucitar la democracia en ese país».
“La aprobación de la resolución es un nuevo brillo en la tarea histórica de la Organización de Estados Americanos (…) Aquí el objetivo que todos buscamos es que los hermanos venezolanos puedan elegir libremente el Gobierno que desean tener”, manifestó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Sobre Nicaragua
Superada la discusión por Venezuela fue el turno de votar la resolución sobre Nicaragua. Se votó la resolución que reitera “que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua” y “la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático». El texto insiste “en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” para que investigue las denuncias de abusos cometidas desde que estalló la crisis política del país, en abril de 2018.
La 50 Asamblea General de la OEA se celebrará en 2020 en Bahamas y dependiendo de los giros de la política en próximos 12 meses puede ampliar o cerrar la brecha del sistema interamericano.