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La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), dominada por la oposición, pidió ayer elecciones en el país caribeño tras declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pese a que el Supremo sostiene que la Cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.
El acuerdo aprobado por el Parlamento señala que “la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales». Según la Constitución venezolana, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato; o “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional». Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
La Constitución también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas». La mayoría del Parlamento consideró que el desempeño de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y le responsabiliza por la “ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la “devastación de las bases económicas” del país. El abandono de cargo se consideraría por el incumplimiento de las obligaciones por parte del presidente y, entre las razones que expuso la bancada opositora, se afirmó que Maduro no ha cumplido ni hecho cumplir el ordenamiento constitucional. Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro “ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes” en el país caribeño, “mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral». Así, el Parlamento responsabiliza a Maduro del “golpe de Estado» que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, así como del “diferimiento” de elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en 2016. En materia internacional el Legislativo manifiesta que Maduro ha sido “negligente” en la reclamación de la Guayana Esequiba (este), territorio fronterizo disputado con Guyana, y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto. La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores.
