La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró la noche del martes la inmunidad parlamentaria al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, lo que le abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo y detenerlo.
Al grito de “íeso es justicia, justicia popular!» los constituyentes aprobaron el retiro del fuero a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, que la víspera anunció que lo procesaría por desacatar en febrero una decisión que le prohibía salir del país.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció al final de una sesión, que se extendió por más de dos horas, la aprobación de un decreto constituyente que autorizó el retiro de la inmunidad al jefe del Congreso para proseguir una investigación penal en su contra.
“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza», afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó, al que identificó como la “nada». El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe» debido a que está “en desacato» de las decisiones del Poder Judicial.
Ahora, sin ningún tipo de protección constitucional, el dirigente opositor de 35 años puede ser juzgado y enfrentar una eventual detención, lo que dejaría a la oposición sin su principal figura y motor de las recientes protestas antigubernamentales que han exacerbado las tensiones contra el presidente Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.
La Constitución garantiza la inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y de acuerdo con la carta magna, el Congreso es la instancia que debe aprobar el retiro de la inmunidad de un diputado. Las acciones del Tribunal Supremo y la Constituyente fueron rechazadas por algunos juristas y opositores que aseguraron que en el caso de Guaidó no se cumplieron los parámetros legales. Guaidó acusó al gobierno, durante una sesión del Congreso, de emprender una “persecución“ en su contra ante la falta de soluciones para resolver la crisis eléctrica y la escasez de agua.