El jurista Cristóbal Rodríguez advirtió a los asambleístas que la Constitución vigente establece límites a la Asamblea Revisora, referidos al sistema de gobierno y los derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser modificados para agregar nuevos, no  para reducirlos. Recordó, además, que la Asamblea está convocada por una ley que no pueden desconocer, porque de lo contrario el proceso de reforma estaría viciado de arbitrariedad e ilegalidad.

El jurista Cristóbal Rodríguez advirtió a los asambleístas que la Constitución vigente establece límites a la Asamblea Revisora, referidos al sistema de gobierno y los derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser modificados para agregar nuevos, no así para reducirlos.

Recordó, además, que la Asamblea está convocada por una ley que no pueden desconocer, porque de lo contrario el proceso de reforma estará viciado de arbitrariedad y de ilegalidad.

Rodríguez, quien es experto en derecho constitucional y participó en la comisión que elaboró el borrador de la reforma, apuntó que existe un precedente en Costa Rica, donde en el año 2003 la justicia  declaró inconstitucional una reforma a la Carta Magna porque los asambleístas cruzaron  los límites en los aspectos de  derechos.

Al ser entrevistado en el programa El Día, que conducen Huchi Lora y Patricia Solano, Rodríguez se unió a los  que han planteado que el  trabajo de la Asamblea Revisora en esta última etapa se ha caracterizado porque se han echado atrás muchos artículos que fueron sancionados en  primera lectura y que habían sido elogiados porque significaban una avance institucional y democrático.

Refirió como contraproducente  el hecho de negar  el derecho de los ciudadanos recurrir en inconstitucional, lo cual había sido uno los logros de mayor incidencia de la reforma de 1994.

 “La Constitución es una norma que afecta a todos los ciudadanos. Cualquier disposición contraria a ella habilita a la ciudadanía para demandar la inconstitucionalidad”, dijo Rodríguez.

Otro de los temas que ha producido indignación es el condicionar el  acceso a las playas, ríos, lagos, lagunas, basado en el respeto de la propiedad privada. Al respecto, Rodríguez dice que el derecho de propiedad está supeditado al bien público que es el derecho superior.

También criticó la fórmula adoptada para obtener la nacionalidad dominicana, la cual cree creará un “genocidio civil”.

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Una retranca

Para el especialista,  con la actual reforma “estamos convirtiendo  la  Constitución de la República  en la principal retranca y la principal amenaza a la posibilidad de institucionalidad”. Cree que los legisladores “se están distribuyendo burdamente el Estado y parcelando el Poder Judicial” y  que se perdió la  oportunidad  de dotar al país  de una Constitución avanzada en  términos democrático e institucional.