POR CARMEN CARVAJAL
La aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) por el Congreso norteamericano sorprende a este país caribeño en medio de una discusión sobre qué hacer para enfrentar con éxito este acuerdo.

Más de un año después de negociado, y a pesar de que tanto las autoridades como los sectores productivos están de acuerdo en que es necesario introducir una serie de reformas, aún no se ha hecho nada.

El miércoles, la Cámara de Representantes estadounidense, pese a los pronósticos en contrario, aprobó el acuerdo y aquí aún no había consenso sobre la reforma fiscal, apenas una de las que se requieren para que el país enfrente con cierto éxito este nuevo reto.

«El DR-CAFTA sólo, y reitero, sólo será beneficioso y aprovechable en la medida en que el país se aboque a llevar a cabo un cambio radical en lo que es su competitividad y su orientación de futuro», afirmó el mismo miércoles la presidenta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD), Yandra Portela, en una exposición que a nombre de la entidad hizo en el marco del «Desayuno de Oración de los Jaycees 72».

Recordaba que los países que han dado el salto hacia el desarrollo, lo han logrado gracias «a medidas revolucionarias acordadas en conjunto por toda la sociedad y acompañadas de una gran voluntad política para ejecutarla».

Sin embargo, el senador Ramón Alburquerque, presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y su colega reformista por San Pedro de Macorís, José Hazim, descartaban la posibilidad de que los legisladores de sus partidos, que constituyen abrumadora mayoría, aprobaran la reforma fiscal que se discute en el Congreso, y se negaban a participar en el diálogo nacional.

Eso, a pesar de que hasta los propios empresarios expresan su convicción de que el CAFTA debe ir acompañado de una reforma fiscal y de que el senador Alburquerque participó en las tres rondas de negociaciones en que el gobierno de Hipólito Mejía discutió los términos de la participación dominicana en el mismo, con la delegación norteamericana, que ya habían concluido las conversaciones con Centroamérica.

LOS PEROS

La posición de la AIRD, presentada en más de una ocasión por su presidenta, Yandra Portela, no se opone al convenio, pero recuerda la experiencia negativa del acuerdo similar firmado hace varios años con Centroamérica, y que sólo ha contribuido a multiplicar el déficit comercial del país con esa región.

Consideró, sin embargo, que esa experiencia negativa les permitió a los productores nacionales determinar dónde radican sus deficiencias y tras un estudio intenso determinaron que los factores principales que inciden en la falta de competitividad están en el exagerado costo y deficiente servicio eléctrico, imposible acceso a financiamientos de largo plazo y tasas competitivas, debilidad institucional y falta de regulaciones adecuadas.

También afecta la falta de una política de desarrollo industrial y fomento a las exportaciones; ausencia de iniciativas destinadas a modernizar las infraestructuras terrestres y marítimas y «la creación de una verdadera oficina de administración de acuerdos de libre comercio con la debida autoridad para resolver los asuntos que les sean sometidos, como existe en otros países».

A estos puntos se agrega el de la inequidad fiscal que coloca a los productores locales en desventajas con respecto a los centroamericanos, ya que en esas naciones no se grava la producción en el inicio del ciclo, sino al final.

Entienden que para sobrevivir es necesario disminuir la carga impositiva.

«En República Dominicana, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional tienen el deber de garantizar a sus productores, como lo hacen las demás naciones signatarias del tratado, reglas que nos permitan participar equitativamente en este nuevo mercado. Como se diría en lenguaje popular, si quieren subirnos al cuadrilátero, lo menos que podemos reclamar es que nos pongan guantes iguales a los de los demás competidores».

Para la AIRD, previo a la ratificación del DR-CAFTA por el Congreso, debe aprobarse una reforma fiscal que garantice la equidad y una ley de implementación del tratado.

Todo esto acompañado de un nuevo modelo económico y un Estado institucional que garantice eficiencia administrativa, modernidad, un Estado de derecho fuerte, readecuación del gasto público, transparencia en la gestión y rendición de cuentas.

LOS PROS

Para el embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell, el acuerdo ofrece a la República Dominicana múltiples oportunidades para fortalecer su economía, además de que garantiza un acceso permanente, libre de impuesto, a los productos dominicanos al mercado más rico y consumista del mundo.

Además, generará múltiples inversiones que, sin embargo, se pueden perder si el Congreso demora demasiado la ratificación del convenio.

A su entender, los dominicanos no deben ceder a la tentación de vincular el libre comercio con otras medidas y leyes.

«Demorar más este proceso pone en riesgo la posible inversión internacional, incluyendo en el sector textil, ya que incrementa las posibilidades de que los inversionistas internacionales decidan dirigir su capital a otros lugares, debido a las dudas que surgirían sobare si la República Dominicana decidirá formar parte del RD-CAFTA».

Entiende que el cambio en las reglas de origen producto del acuerdo, pondrá al sector textil dominicano en condiciones de elevar considerablemente su competitividad, lo que le permitirá enfrentar el mercado asiático, atraer inversión inmediata en este renglón y crear miles de empleos.

Recordó cómo Chile pudo aumentar de inmediato sus exportaciones a Estados Unidos y descubrir nuevos nichos de mercado, incluyendo en el sector agrícola, que desconocía y que les y han resultado muy rentables.

UN NUEVO PAIS

El economista José Luis Alemán destacó que el CAFTA-RD contiene un admirable punto de vista de producción y comercio de lo que debe ser una deontología privada y pública de los negocios y una «concesión inusual a la diferente situación inicial de las partes contratantes».

Citó como ejemplo que da 20 años para la introducción de rectificaciones técnicas proteccionistas de índole cuantitativas en los mercados criollos de arroz, azúcar, leche, carnes, cebolla, ajo, carne de pollo y tomate, entre otros. Y para algunos productos industriales da hasta cinco años para eliminar las tarifas.

Aunque no le parece un instrumento ético perfecto, entiende que «casi parece un manual deontológico de negocios en el área de producción. Algo que nuestra enseñanza profesional ha descuidado».

También podría ayudar a eliminar dos de las principales trabas que dificulta el desarrollo, como son la falta de institucionalización y los elevados costos arancelarios, que incluye la factura consular, los procedimientos aduaneros y tasas de transporte para mercancías.

Si bien no ayudará a resolver problemas como el de la energía eléctrica, los financieros y de servicios, sí puede constituirse en el inicio de un nuevo país en el que se respeten las normas básicas de buena conducta económica.

Aunque reconoció que en principio no se notará el crecimiento económico y el bienestar general de la gente, la riqueza o el bienestar económico sería el resultado de una actividad donde, en principio, no se discrimine ni se incentive artificialmente a los agentes económicos y donde la etapa de acumulación de capitales llegue a su fin.

Otro punto a favor es que permitirá concluir la etapa en que el país y los demás de la región se dedican a firmar acuerdos, convenciones y tratados de todo tipo, que luego no cumplen. El DR-CAFTA habrá que cumplirlo.