El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, aseguró que fue transparente el proceso de licitación que realizó el Gobierno para la instalación de dos plantas de carbón de 300 megavatios cada una, con el propósito de solucionar la crisis energética en el país.

No obstante, el jurista lamentó que mientras el Gobierno alega que es materialmente imposible cumplir con la ley que consagra la independencia presupuestaria del Poder Judicial, asignándole el 2.66 por ciento de los ingresos a la judicatura, tenga que disponer de un 13% de los ingresos netos del Estado para el subsidio eléctrico.

Resaltó que el desarrollo de una industria eléctrica estable y competitiva debe ser uno de los imperativos del país para lograr muchas metas de progreso económico y social, precisando que la crisis energética no sólo afecta el aparato productivo, sino a los propios profesionales del derecho. “Es correcto que el Estado dominicano haya decidido ampliar la oferta de generación con la construcción de dos plantas a carbón de su propiedad que impactarán en una renegociación de las contrataciones que se han suscrito con las premuras que han marcado las constantes crisis del sector”, añadió Pérez Vólquez.

Destacó que gran parte del presupuesto nacional se dedica a pagar el costo de la factura eléctrica, renglón que ha sido muy oneroso para el país.