Por MARIO MÉNDEZ
Los negociadores dominicanos del DR-CAFTA aseguraron que en ese tratado de libre comercio se consignó que se respetarían los derechos establecidos en los contratos firmados hasta la entrada en vigencia de ese tratado por los agentes y representantes de firmas y marcas extranjeras, aseguró la experta en derecho internacional, licenciada Esther Aristy.

“El equipo negociador dominicano, me consta, hizo sus mejores esfuerzos en defender el respeto a la ley”, aseguró.

Explicó que lo más importante que obtuvo el equipo negociador dominicano fue “la inclusión en el texto que toca a los contratos en el pasado, de que se respetarían los artículos 46 y 47 de la Constitución de la República que consagran, respectivamente, el principio de la nulidad de las leyes contrarias a la Constitución (inconstitucionalidad) y el principio de la aplicación de las leyes sólo para el porvenir (irretroactividad)”.

“El mismo texto del Anexo 11.13 habla de la República Dominicana establecería “guidelines” (traducido en la versión en español como dispondrá) para que la indemnización que hay que pagar conforme a la ley 173 para contratos del pasado -o del futuro que se acojan a la ley- no sea mayor que lo que le correspondería a los concesionarios bajo el derecho común”, expresó Aristy.

Sin embargo, Aristy dijo que dado que la experiencia del proceso del DR-CAFTA fue la de negociar propuestas que alteraban el orden constitucional dominicano, “el sector tiene justificados grandes temores” sobre las pretensiones de los Estados Unidos de querer reabrir la discusión en torno a la Ley 173..

Advirtió que “no hay dudas de que la aparente pretensión de extraer del ámbito de la aplicación Ley No. 173 de 1966 los contratos de concesión, suscritos y debidamente registrados antes de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, traerían muy nefastas consecuencias para el país”.

Explicó que “se trata en efecto de un activo intangible muy valioso para las empresas dominicanas en un sector importante de nuestra economía. Las pérdidas financieras que ello representaría no podemos ni siquiera cuantificarlas en estos momentos”.

“Pero no se trata sólo de pérdidas de naturaleza monetaria, se trata de que podríamos estar creando una ley que altere el orden constitucional dominicano, lo que va mucho más lejos aún que los posibles daños materiales”, advirtió la experta en derecho internacional.

Dijo que como asesora legal del sector privado en el proceso de negociaciones del DR-CAFTA, le tocó vivir la experiencia del desarrollo de lo que culminó siendo el Anexo 11.13 del tratado.

Reveló que desde el inicio de las rondas de negociaciones del DR-CAFTA, “las pretensiones de los negociadores estadounidenses fueron las de modificar el esquema legal de la Ley No. 173, no sólo para el futuro, sino también para las relaciones comerciales nacidas en el pasado”.