El trabajo formal aumentó en 130 mil empleos durante el año 2022 y el informar se redujo en 37 mil, aseguró ayer el director general de Empleo, Gustavo Piantini, al hacer referencia a datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
Sostuvo que el total de empleos ocupados corresponde a 4 millones 774 mil; 2 millones 90 mil pertenece al sector formal y 2 millones 670 mil al informal.
“El sector formal mejoró, pasó de 42 a 44 por ciento y el informal pasó de 58 a 56 por ciento”, precisó el funcionario durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Cuestionado sobre las medidas que considera incidieron para mejorar estos indicadores, Piantini, citó el crecimiento económico, la implementación de políticas públicas y la productividad.
En el Almuerzo participaron también Marie Laure Aristy, viceministra de Políticas de Empleo y Julián Mateo Jesús, viceministro para las Inspecciones, quien informó que durante el año pasado se realizaron 66,415 visitas de inspección a diferentes empresas, de las cuales 58,391 corresponden a supervisiones regulares.
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De igual forma, el funcionario explicó que de esa cantidad, 5,922 fueron inspecciones especiales solicitadas por la empresa, mientras que 1,788 se realizaron a requerimiento del trabajador.
Detalló que unas 314 inspecciones especiales se hicieron a solicitud de terceros. Como parte de este trabajo de supervisión se levantaron 3,569 actas de infracciones.
“Velamos por que se cumpla con el Código de Trabajo. hacemos todo lo posible a través de la inspección para que exista un trabajo realmente decente, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisó Mateo Jesús.
Durante su intervención detalló, además, que la cantidad de personas atendidas en las 40 oficinas instaladas en diferentes puntos del país ascendió a 267,172.
Dijo que cuentan con 209 inspectores diseminados en todo el territorio nacional.
De igual forma, indicó que se realizaron 40,778 actas de apercibimientos, durante el año 2022.
“Eso sucede cuando un inspector de trabajo va a una empresa y comprueba que se está violando algún aspecto del Código y se le invita a corregir ese problema y que cumpla con la ley. Si no se hace la corrección dentro del plazo establecido, se le otorga otro plazo o se podría levantar un acta de infracción. Esa acta va al Ministerio Público y finalmente en el Juzgado de Paz correspondiente se le impone una multa que puede ser cinco o seis salarios mínimos, dependiendo, de la gravedad de la violación”, explicó el representante del ministerio de Trabajo.
Dentro de las infracciones cometidas con mayor frecuencia por los empleadores figura la falta de inscripción de los empleados en la seguridad social.
También se presentan situaciones recurrentes con mujeres embarazadas, que en ocasiones no pueden cumplir con normalidad con la jornada por permisos para cita médica y, entonces, los empleadores solicitan autorización para proceder con el despido. “Esto es denegado”, acotó.