El presidente del consorcio Punta Perla, Ricardo Miranda Miré,  afirmó que la compra  de la propiedad donde se  desarrolla ese  complejo turístico situado en Punta Cana se realizó  con  apego a las leyes  dominicanas, por lo que  la legitimidad de sus   directivos está  certificada por la Cámara de Comercio de Santo Domingo.

El empresario hizo la aclaración al responder a una  denuncia de Andrés Liétor Martínez  publicada en  medios digitales del país, y en la que éste advierte a las autoridades  sobre la estafa que se estaría cometiendo en el referido proyecto, cuyos trabajos se iniciaron el martes 29 de diciembre de 2008 con la presencia del presidente Leonel Fernández y el príncipe Alberto II de Mónaco.

“Se trata del  intento de crear un escándalo para lograr en la opinión pública lo que no han obtenido en otros escenarios,  y extorsionar a Punta Perla para que pague determinadas sumas de dinero antes del vencimiento de los plazos contractuales.

“Y para que a su vez renuncie a la indemnización que ha reclamado a Liétor Martínez y a Carlos Sánchez por las pérdidas millonarias sufridas por los incumplimientos en que incurrieron como vendedores de los derechos a través de la empresa Paraíso Tropical, S.A., la que ostentaba  la propiedad de una parte de los terrenos donde se levanta el complejo turístico, un reclamo  presentado en los tribunales españoles”.

Miranda Miré le atribuye a Lietor Martínez la intención de “enlodar el pulcro proceder que ha caracterizado a los miembros  de  Punta Perla, que no sólo cuenta con la participación de personas de  distinguida reputación moral nacional e internacional, sino también con el soporte de reconocidas entidades financieras mundiales que se han unido a nosotros desde que se gestó  la idea de construir el proyecto Punta Perla Resort, Golf, Marina & Spa, en  Cabeza de Toro”.

Asimismo,  refirió  que los terrenos en los que se levantará  la obra,  valorados en más de US$240 millones, no son propiedad de Liétor Martínez, que nunca los ha pagado y se está “intentado apropiar” de ellos  mediante documentos falsos  y la ficción de asambleas que la sociedad dueña de ellos nunca realizó”.

Según él,  los  inversionistas de Punta Perla compraron  a Carlos Sánchez, Liétor Martínez y otros socios, en  2005 y 2006, las acciones de  Paraíso Tropical, S.A. y los terrenos y derechos que esta poseía en Cabeza de Toro. Los acuerdos establecían un programa de pago para saldar la suma convenida,  que se ha cumplido puntualmente y hasta la fecha se han pagado más de RD$1,600 millones, a pesar de que los vendedores no cumplieron todas las estipulaciones del contrato y cometieron faltas graves que eran suficientes para haberles retenido los pagos, dijo.

Reveló  que  la documentación que sirvió de base a esos acuerdos y los mismos contratos  los preparó  Gustavo Biaggi Pumarol, abogado de Carlos Sánchez y Liétor Martínez, quien talvez  por conocer el  cumplimiento de lo convenido no participa hasta el momento –en lo que Punta Perla y sus abogados tienen entendido-  en ninguna acción contra el proyecto a pesar de que es  citado en la carta que circula en Internet y se atribuye a  Martínez.