POR SOILA PANIAGUA
El problema institucional en el país es tan grave que la mayoría de los dominicanos no creen que reciben un tratamiento igual ante la ley que el resto de los ciudadanos con mejor posición social y económica, lo cual constituye una bomba de tiempo para la gobernabilidad.

El economista Francisco Cueto, quien junto a un equipo de expertos elaboró el “Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, dijo que los partidos políticos, los empresarios, las organizaciones civiles tienen una gran responsabilidad en cambiar el concepto que tiene la gente sobre la institucionalidad. Tal es la situación que sólo un 13% considera que los partidos defienden los intereses de la sociedad, mientras que el 85% entiende que únicamente representan los intereses de algunos grupos y de sus dirigentes, lo que indica que la población no cree que sus actores políticos sean capaces de hacer un cambio que los beneficie.

En tanto, el 78.7% de la población dominicana estima que no existe un Estado de derecho, lo que indica que la ley no mide a todos los ciudadanos de la misma forma y que creen que  todo está mediatizado por los intereses políticos y económicos.

“Eso indica que si no se tienen relaciones políticas o recursos económicos, no se he igual a los demás”, sostiene el informe. Además, señala que el 90 por ciento de la gente opina que el acceso de los pobres a la justicia es escaso, pese a las reformas que se han hecho.

El país no tiene problemas de recursos, lo que queda demostrado en informe hecho por organismos internacionales que señalan que en los últimos 50 años, República Dominicana es la nación que más ha crecido en América Latina, dijo. Uno de los problemas principales de la sociedad dominicana es la debilidad de las instituciones y el defectuoso estado de derecho, señala el informe del PNUD.

Indica Cueto que cuando se trata de juzgar a personas de escasos recursos, la justicia ni es rápida, ni cumple, ni es justa. “Los partidos políticos que tenemos ahora están en una situación de desventaja para poder impulsar agenda pública que puedan revertir ese problema de exclusión social para varias razones”, comentó.

Citó entre esas razones, el hecho de que esas son organizaciones que conciben la política como un espacio propio, lo que se manifiesta cuando suben al poder, que anulan la administración pública anterior.

“La concepción de los partidos políticos es de que el Estado es un patrimonio particular que se va a repartir entre los que ganan”,  manifestó. Consideró que no es posible que la administración sea eficiente, aporte capacidades y pueda invertir recursos económicos cuando se está cambiando permanentemente el personal.

El problema está en que el personal que se contrata en la administración pública muchas veces no tiene la capacidad para impulsar   una agenda de inclusión social, de participación y de crear nuevas capacidades.

La administración pública, a juicio del experto, es deficiente, porque no usa la técnica moderna de administrar la política, es centralizada, porque el Poder Ejecutivo maneja la mayoría de los recursos, es poco transparente, por la corrupción que se percibe y las organizaciones no tienen capacidad de participar en la gestión de las políticas públicas.

“Frente a esa desigualdad tan grande, la sociedad considera a esos actores que tienen  una responsabilidad mayor, que diseñaron una agenda de desarrollo excluyente, que sólo defienden sus intereses”, dijo.

Ser pobre, vivir en un barrio, tener dificultad en el acceso a una adecuada formación educativa y disponer de bajos niveles de ingresos para llevar a cabo una vida digna, son situaciones que se agravan por el hecho de que determinan desventajas.