En una zona castigada por cuatreros que con facilidad huyen hacia el territorio vecino que está fuera de control ocurrió el brutal asalto a una solitaria finca de la limítrofe provincia de Dajabón que cobró las vidas del hacendado Papito Medina, su esposa, un hijo y un amigo. Reproducción de un hecho similar reciente en el mismo entorno y al que también cubrió la impunidad por la alarmante capacidad de sobrepasar límites geográficos en ambas direcciones que crecientemente exhibe una criminalidad sin contención. Concentrando sus recursos en el lugar, la Policía dominicana se moviliza hacia el esclarecimiento del asesinato múltiple que ha conmocionado a la sociedad, en cuyo nombre debe persistirse hasta lograr la identificación de sus autores y seguir sus huellas para establecer con rigor si en este momento escapan a los alcances de las autoridades nacionales. Impartir justicia llegando hasta las últimas consecuencias dependería entonces del concurso que pudiera prestar un Gobierno que hace tiempo confiesa incapacidad para aplicar la ley dejando vidas y bienes de Haití a merced de bandas armadas.

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La condición fallida de su Estado vecino pasa de ser una diaria amenaza a concretarse en hechos extremos deleznables, sangrientos y presagiosos de nuevas agresiones a República Dominicana, la nación más expuesta a la cercana anarquía contra la que han debido aplicarse los principios y mecanismos de solidaridad internacional. Oídos sordos a reclamos perentorios y una irritante demora en actuar a petición de la ONU.