Un funcionario del Gobierno de Leonel Fernández habría recibido 3.5 millones de dólares en medio de la operación para la compra de 8 aviones Tucano en el año 2008, cuyo costo total ascendió a US$92 millones, reveló a fiscales de Brasil un asesor de ventas de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer).
Las declaraciones de Elio Moti Sonnenfeld, publicadas por The Wall Street Journal, vuelven a colocar en el candelero las acusaciones de sobornos a militares y funcionarios para la compra de las aeronaves que, según el expresidente Fernández, se emplearían en la lucha contra el narcotráfico.
Moti Sonnenfeld indicó que altos ejecutivos y el presidente ejecutivo de Embraer, Frederico Curado, sabían de los pagos ilícitos relacionados con la venta de los aviones.
“El señor Sonnenfeld dijo a los fiscales, durante el último año, que recibió una comisión de 3.4 millones de dólares de Embraer para un trabajo que nunca se realizó y se lo pasó como soborno a un funcionario público en la República Dominicana, según los resúmenes de sus declaraciones oficiales. El soborno, según los fiscales, presuntamente ayudó a Embraer a asegurar el contrato de 92 millones de dólares en el 2008 para vender al país ocho aviones de ataque turbohélice”, dice un nuevo reportaje.
Explota la bomba. Fue en noviembre de 2013 cuando la agencia Reuter reprodujo una publicación de The Wall Street Journal sobre la investigación abierta por autoridades brasileñas y norteamericanas de los supuestos sobornos pagados por Embraer en República Dominicana a cambio de la compra de los Tucano.
Embraer está bajo investigación del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores de los Estados Unidos desde 2010.
El reportaje, escrito por los periodistas Joe Palazzolo y Rogerio Jelmayer, reveló que la demanda señala que los ejecutivos de ventas de Embraer acordaron pagar un soborno de US$3.5 millones al coronel retirado Carlos Piccini Núñez, quien en 2008 se desempeñaba como director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea.
El dinero, dicen, luego se destinó a los legisladores para la aprobación de un acuerdo de financiación entre el país y el Banco de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
En ese momento, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, encargó una investigación a la directora de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción, Laura Guerrero, para determinar si hubo o no soborno a los legisladores.
En septiembre de 2014 el pasado presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, instó a su sucesora, Cristina Lizardo, a investigar la denuncia sobre la compra de los Tucano, ya que involucraba a un senador.
El dirigente de izquierda Narciso Isa Conde afirmó que la “compra innecesaria” de los aviones Súper Tucano le costaron al Estado 98,647,000 dólares. “El valor real de esos aviones es de 1,250,000 dólares por unidad, lo que suma un total de 10,000,000 dólares. La sobrevaluación fue de algo más de más de 87 millones de dólares. Una verdadera estafa”, denunció en el periódico “Tiro al Blanco”, en el año 2008.