Utilizar las urgencias de comunidades lejanas, grandes centros urbanos y sectores marginados para estructurar con vileza el uso del asfalto como mecanismo de acumulación y éxito partidario pone en contexto las perversidades del sistema político. Desde el Ministerio de Obras Públicas se gastó en cinco meses un monto de 11,500 millones articulando una red de ventajas para un club de asociados al poder bajo un “programa” con rastros de corrupción y pieza de escarnio para una sociedad que no termina de asombrarse de las “destrezas” de un altísimo porcentaje de exponentes de la fauna partidaria.

Construir esquemas de exclusividad divorciados de la Ley 340 y el reglamento 543-12 en interés de beneficiar a 45 empresas suplidoras de hormigón asfáltico sin que la noción de seguridad nacional, situación de emergencia y urgencias, validen una acción ejecutada con fondos públicos, pero claramente orientada a la estructuración de una plataforma económica dándole ventajas y/o colchón de recursos a un aspirante presidencial que, en interés de ganar la nominación, sustituye las ideas y el debate por mecanismos turbios garantes de un triunfo capaz de develar la pobreza conceptual y cómo la fuerza del dinero degrada la práctica política.

Muchos se detienen en las cuantías financieras sin hacer un trabajo exhaustivo de los agraciados, sus conexiones y la manera de que esos recursos regresan a las arcas del candidato revestido de contribución electoral que, en un elemental análisis, representan pruebas inequívocas y materia prima de potenciales procesos penales, siempre aptos para que las triangulaciones y coincidencias en voluminosas inversiones sirvan de prueba irrefutable del vergonzoso destino de un dinero esquilmado de los bolsillos de los ciudadanos que contribuyen civilizadamente y el carácter insaciable de ciertos políticos lo convierten en agua y sal.

La verdadera tragedia de la tradición partidaria reside en el vulgar asalto de “políticos” hecho a la medida de sus bolsillos con enorme capacidad de levantarse como eficientes desde una función pública, aventados por voces cortesanas ávidas de transformar sus criterios por la fuerza de un dinero con origen en el presupuesto nacional y fuente de estimulación para legítimas aspiraciones que nada más sirven para degradar la escena pública. Por eso, los programas de asfalto representan el punto de partida al beneficiario del Cibao, y los dividendos “producen” para invertir en un lujoso centro comercial, sacar de la firma constructora causante del estremecimiento ético de mayor trascendencia en la región a dos ciudadanos instalándolos aquí, y destacarse como suplidores del proyecto energético fundamental con los excedentes creados en el mercado AC-30 y dándole todas las ventajas a la compañía agraciada con contratos en MOPC, con el monopolio del transporte del asfalto y también ejecutora de las aceras y puentes. ¡Dios mío!

Lo que extraña es el silencio cómplice de un sector de la comunicación que sabe perfectamente las implicaciones éticas y legales del Plan Nacional de Asfaltado, denunciado por pre-candidatos del PLD y extrañamente desconocidos por exponentes de la opinión pública. Así, la denuncia responsable de la periodista Alicia Ortega encontró eco en franjas comprometidas de la prensa y el indispensable auxilio de las redes que, en el orden práctico, terminan siendo el instrumento en capacidad de esquivar los muros de la estructura de comunicación del Gobierno. Desafortunadamente, en la lógica de protección y secretismo implementada por el oficialismo el sentido de reducir hasta la insignificancia toda clase de escándalos administrativos deberá ser respondido desde una perspectiva de militancia ciudadana y compromiso con el adecentamiento de la vida democrática.

El Plan Nacional de Asfaltado y los montos involucrados retratan un modelo de acumulación establecido en el país en la medida que la ausencia de las ideas sustituyó la norma del compromiso hacia lo interno del sistema de partidos. Gracias a la apertura, sectores de la sociedad civil y franjas políticas comprometidas cada día se clausuran los espacios de desviaciones éticas que adquieren categoría de “asco” ciudadano y sus exponentes no podrán comprar a todo el mundo. Las denuncias responsables contribuyen a una toma de conciencia. Avanzamos!