El horno no está para galleticas. Las cosas hay que tomarlas en serio.  Porque los males políticos, sus desaciertos,  son remediables si se tiene un sistema judicial independiente,  absolutamente confiable, apegado a su misión: cumplir el mandato constitucional  y  las leyes, atento al interés general, no sujeto a  ningún otro poder del Estado, ni a intereses partidarios. 

Porque “cuando  la política entra por una ventana, la justicia sale por la otra.” Y sin un sistema judicial libre de ataduras,  que garantice los valores supremos de la nación y  proteja los derechos inalienables del ser humano reconocidos por la Constitución, los tratados y convenios internacionales, todo el andamiaje democrático  se viene abajo, y con él la institucionalidad que hace viable el sistema y la gobernabilidad que  se torna caótica.

Estas reflexiones vienen a canto a propósito del paquetazo fiscal, cuando se niega el diálogo y se prestan oídos sordos a los reclamos de amplios sectores de la vida nacional no opuestos a la reforma, pero sí a la forma en que se quiso y logró  imponerse, deslegitimizando su autoridad, sin  atreverse a  trasparentar  las causas y las circunstancias que   por ruinoso camino conducen a una población que debe pagar por otro el debacle de una “economía blindada.” Cuando desde la barra del Senado, su presidente incursiona en asuntos de la justicia y  pretende descalificar, en forma amenazante, una instancia  introducida  por un partido político reconocido por la JCE   sometiendo  a la justicia a presuntos responsables del “hoyo financiero” incluyendo al pasado presidente de la República. Cuando  manifestaciones de “los indignados” y de estudiantes,  infiltrada y  reprimida por la fuerza bruta, deja rastros de muerte y  sangre inocente.

Y  si tales destinos  fueran poco, nos llega una sentencia insólita,  extremadamente peligrosa  del Tribunal Constitucional cuya jerarquía  le obliga a  “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.” Sus decisiones  “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los poderes del Estado.”

Ese augusto tribunal de las “Altas Cortes” creado por la Constitución del 2010, para independizarlo de la Suprema Corte de Justicia, y convertirlo en  órgano superior, autónomo  e  independiente teniendo,  entre sus atribuciones,  competencia exclusiva para conocer en única instancia ”las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,   reglamentos,  resoluciones y ordenanzas a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.” Con lo que se excluyó lo que era forzoso excluir: personas extrañas a la disposición  impugnada por carecer de interés personal o de calidad jurídica para comparecer en justicia.

Con tal decisión la sentencia STC 51/12  desbarra,  viola la Constitución (Arts. 185, 1) y 148) e introduce un funesto precedente que se creía superado,  excluyendo del proceso constitucional los actos administrativos del Poder Ejecutivo, precisamente los que con mayor frecuencia lesionan derechos e intereses  legítimos, jurídicamente protegido, de particulares y de la nación.  Y así no puede ser.