La Constitución de la República contiene una guía de los derechos y deberes de los ciudadanos con el Estado, como también del gobierno con los ciudadanos. Esto porque vale recordar que el Estado es  el conjunto de todos los dominicanos e  instituciones de la sociedad.

En el sistema democrático que impera en el país,  los ciudadanos,  amparados en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que versa sobre la libertad de expresión e información, tienen garantizado el derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que sean víctimas de censuras.

De igual manera,  la Constitución contempla el derecho a protestar, a reunirse y al libre tránsito.

No obstante, en los últimos días un conjunto de dominicanos y dominicanas críticos han cuestionado algunas acciones o comportamientos por parte de funcionarios de algunas instituciones gubernamentales. Estos cuestionamientos, válidos o no, están amparados en sus derechos constitucionales.

Sin embargo, las críticas y protestas no han sido manejadas de manera inteligente por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Una respuesta adecuada sería velar por el derecho de estos ciudadanos a protestar, cuidando su integridad física y  el espacio común de todos los dominicanos.

Pero causa sorpresa el entrometimiento por parte de dos oficiales de la Policía Nacional que se presentaron a una reunión de un conjunto de dominicanos bajo el alegato de ver cuáles eran los presentes  e intentaron sustraer una copia del listado de asistencia.

Este comportamiento,  más que ser una medida de inteligencia,  es una burla y un atropello a libertades que tanta sangre han costado al pueblo dominicano y que fueron parte de las banderas de conquistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a su llegada al poder, luego de los años de Joaquín Balaguer.

Todos sabemos que los organismos de inteligencia del Estado tienen muchas maneras de saber cuáles pasos da un colectivo determinado de ciudadanos, en especial en la era de la información y la tecnología,  por lo que pareciera que a un gracioso se le fue la mano y que, peor aún,  esto quedara sin sanciones justificada en los males del sistema.

El abuso de poder por parte de agentes de la Policía,  más que hacer un bien a las buenas acciones del gobierno, constituye una actitud arrogante para aquellos amos de  los servidores públicos,  que son los ciudadanos dominicanos.

No podemos permitir que el deseo de quedar bien o llamar la atención de algunos manchen las buenas acciones del PLD y no podemos ser tan fanáticos que no podamos escuchar las críticas y observaciones de la población sobre el manejo de lo público.

Nunca tuvo más fuerza  la expresión del filosofo y novelista francés  Albert Camus cuando dice que  «La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejores».